Juan Núñez/
El Diario de Chihuahua
Chihuahua— El síndico de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, ratificó ayer ante la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado, la denuncia en contra del expresidente municipal Javier Garfio Pacheco.
La medida por el presunto desvío de 4 millones de pesos del erario público, situación que se enmarca en las irregularidades detectadas a la pasada administración por la compra del inmueble Scotiabank, también alcanza al exregidor priista Andrés Pérez Howlet, quien fungía como presidente de la Comisión de Hacienda.
Riggs Baeza recordó que esta denuncia se genera tras una investigación realizada por la Sindicatura en torno a la adquisición del edificio en mención, para la cual se destinó una inversión de 70 millones de pesos, de los cuales no fueron reportados 4 millones y se presume que esa cantidad se entregó a una tercera persona que fungió como supuesta intermediaria, movimiento que no fue registrado ante la Secretaría de Hacienda; por tal motivo recalcó el síndico, se interpusieron las demandas correspondientes.
Declaró que la ratificación ante el Congreso era sobre la demanda administrativa, ya que es este Poder el que tiene la facultad de sancionar por las violaciones a la Ley de Responsabilidades del Servidor Público y tales hechos pueden alcanzar como sanción la inhabilitación para desempeñarse en futuros cargos públicos.
Detalló que la investigación se presentó en primer orden ante el órgano de control de la Presidencia Municipal, el cual cotejó lo investigado, asimismo, esta tarea de investigación arrojó que se favoreció a un intermediario con la cantidad de 4 millones, cuando el contrato no estipulaba la presencia de esa figura.
El actual Cuerpo Colegiado del Ayuntamiento puede también determinar una sanción a estos servidores públicos, después de que el Congreso se aboque a la figura de Garfio Pacheco, concluyó.
Por su parte, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exregidor, Andrés Pérez Howlet, declaró que las acusaciones sólo buscan confundir a los ciudadanos.
“En su momento yo no tuve conocimiento ni firmé contrato alguno del pago a un intermediario, el único fin del síndico es atraer los reflectores incluso con asuntos que están fuera de su período de competencia, en aras de un proselitismo político sin importar a quién dañe en el camino; es grave que esté señalando desvíos de recursos cuando jurídicamente no hay ningún tema de irregularidad que involucre mi persona, es grave y delicado. Una vez que se tengan las supuestas pruebas espero que se notifique por parte del Congreso”, manifestó el líder priista.
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