Jaime Armendáriz/
El Diario
Chihuahua— Los diputados del Congreso local llamaron al Poder Judicial a aplicar los protocolos nacionales existentes para tipificar correctamente los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTTI.
La legisladora por Morena, Leticia Ortega, expuso que los tribunales toman ese tipo de delitos como “pasionales”.
“Nuestro país es semillero de arbitrariedad, injusticia e impunidad con relación a los crímenes de odio contra la población LGBTTTI”, dijo e indicó que en lo general, ese tipo de hechos han aumentado en todas los estados, sobre todo en Chihuahua, Estado de México, León, Jalisco y Ciudad de México.
Ejemplificó que la Ciudad de México se reconoció en 2009 como tolerante, respetuosa e incluyente, al ser la primera en legislar a favor del matrimonio igualitario, sin embargo el año pasado se registraron 190 delitos de odio.
Mientras que Chihuahua no tiene un registro real, precisó la congresista, aunque recalcó, se tiene una cifra de 69 crímenes de ese tipo según indicadores nacionales.
La exclusión de las víctimas por los servidores públicos locales y federales, la discriminación del personal administrativo que recibe las denuncias, así como el desamparo social, ha permeado la incorrecta protección de las personas homosexuales, recalcó Ortega Máynez.
Su planteamiento fue avalado la semana pasada por el Congreso local para hacer el respectivo llamado a la autoridad judicial, en el sentido de aplicar el protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quienes imparten las leyes en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.
De igual forma, añadió, la Secretaría de Gobernación y Procuraduría General de la República emitieron otros documentos similares de actuación, con la finalidad de sensibilizar a los impartidores de justicia a dar el trato a las víctimas por crímenes causados por discriminación.
“En nuestro país existen los preceptos necesarios para la correcta actuación de las autoridades encargadas de impartir justicia, sin embargo, a pesar de ser criterios proteccionistas, no son de cumplimiento obligatorio”, lamentó la legisladora de Morena.
Consideró que la autoridad debe facilitar herramientas de investigación, para el enjuiciamiento de infracciones penales motivadas por odio o discriminación, hacia dicho grupo de la sociedad.
“Es urgente y necesaria formación de jueces, defensores y ministerios públicos en la lucha contra la discriminación”, finalizó.
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