J. Armendáriz/I. Ramírez/El Diario
2017-07-19
Poco más de cuatro horas de sesión, un receso intermedio prolongado, y ceder a una modificación por parte del PRI, fueron necesarios para que el PAN consiguiera la unanimidad ayer en el Congreso local y lograr las reformas que dan pie al Sistema Estatal Anticorrupción.
Se crea una nueva fiscalía especializada, cuyo titular será designado por el Congreso a propuesta de un panel ciudadano electo por convocatoria. Todos con duración de 7 años en el encargo y removidos sólo con el aval de los diputados.
La aprobación se da un día después del plazo para tener listas esas modificaciones legales, en sesión extraordinaria, luego de haberse fallado en un primer intento por sacar esas reformas la semana pasada.
Miguel La Torre (PAN), en representación de las comisiones unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Transparencia y Acceso a la Información Pública, leyó el dictamen en tribuna durante casi dos horas, en las que detalló los artículos modificados.
Al finalizar la lectura, durante la cual los legisladores se distraían con sus celulares y salían y entraban del recinto, se votó el asunto en lo general por unanimidad. Posteriormente se sometió a la votación en lo particular; es decir, a estar de acuerdo en todos los artículos y modificaciones planteadas.
De ahí la subcoordinadora del PRI, Isela Torres Hernández, desató la discusión política, al acusar al mandatario Javier Corral y a los panistas de sentirse “salvadores” con sus reformas.
En específico la legisladora consideró que con el Sistema Estatal Anticorrupción se generará más burocracia, al requerir casi 300 auditores para vigilar todas las oficinas de gobierno, aunque el legislador del PAN, Jorge Soto, rechazó esa cifra.
La priista hizo referencia a las dificultades del PAN para haber votado ese dictamen desde la semana pasada, “no saben hacer política”, expresó. También aseguró que se han violentado otras normas y por ello desestimó que ahora se vayan a hacer bien las cosas.
“No se podía quitar al representante del Ichitaip y se hizo, no se podían quitar a magistrados, y la semana pasada la Judicatura quitó a uno… ésa es la manera que tenemos ahora muy democrática e incorruptible de hacer las cosas”, manifestó.
De igual forma, señaló otros casos como el del padre jesuita Javier Ávila como integrante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, impugnado ante tribunales federales, o los presuntos desvíos de recursos en el Colegio de Bachilleres.
Asimismo condenó la actitud empresarial por haber emitido en días recientes un desplegado para exigir a los diputados avalar los temas para combatir la corrupción. “Que ni nos anden mandando cartitas urgiéndonos a aceptar las cosas, cuando algunas cámaras no han protestado porque matan gente en todas partes de Chihuahua”.
Para defender su postura, los panistas Jorge Soto y Miguel La Torre subieron a tribuna y señalaron los presuntos actos ilegales cometidos por el exgobernador César Duarte, hoy prófugo de la justicia y buscado por la Interpol.
También hablaron sobre el tema de la “Casa Blanca” de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y a quien La Torre se refirió en todo momento como “La Gaviota”, mote ganado a raíz de su papel en una telenovela del 2007.
Recalcó que en el sexenio duartista se dieron excesos y autoritarismo, con actos que enriquecieron a amigos y familias del gobernador con el erario público, se aumentó la deuda pública, se hicieron asignaciones de magistrados a modo del mandatario, y la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción, promovida por Duarte, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras que Soto consideró una ingenuidad creer que se acabará con corruptos con unas reformas, pero sí recalcó la necesidad de tener mecanismos para abatir el problema.
Se pronunció a favor de que exista un grupo ciudadano independiente que aporte la terna para elegir a los nuevos funcionarios de los entes creados con la reforma.
Una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, los diputados tendrán seis meses para emitir los reglamentos y normas secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción. (J. Armendáriz, I. Ramírez / El Diario)
Mecanismos para designar a los nuevos funcionarios
• El titular de la fiscalía especializada en Combate a la Corrupción será nombrado por el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de una terna enviada por un panel de nueve especialistas en materia de combate a la corrupción; cinco serán designados por el Ejecutivo y cuatro por el Legislativo.
• El Congreso tendrá hasta tres oportunidades para rechazar las ternas, y posteriormente el gobernador quedaría facultado para designarlo directamente.
• El fiscal general del estado será nombrado por el gobernador y avalado por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Su remoción deberá pasar por el Congreso. Los diputados tendrán hasta dos oportunidades de rechazar la propuesta del Ejecutivo, posteriormente el gobernador podrá hacer la designación.
• El titular de la Auditoría Superior del Estado será designado por el Congreso, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de una terna enviada por un panel de nueve especialistas en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, de conformidad con la convocatoria pública que se expida. El panel se integrará por nueve miembros, de los cuales cuatro serán designados por el Ejecutivo y cinco por el Legislativo. El Congreso tendrá hasta dos oportunidades de rechazar la terna
• Los titulares de los Órganos Internos de Control serán propuestos y designados por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Durarán en su encargo siete años.
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