I. Ramírez/J. Armendáriz/
El Diario
El Sistema Estatal Anticorrupción contempla medidas como autonomía de gestión y operativa y participación ciudadana en la propuesta de ternas de los titulares de órganos especializados, además de instrumentos internos de control independientes para organismos autónomos.
Con la inclusión de medidas adicionales como la no prescripción de los actos de corrupción y mayores facultades de fiscalización para los síndicos, el Congreso estatal busca crear uno de los sistemas anticorrupción más robustos del país.
El sistema de Chihuahua pretende obligar a todos los servidores públicos del estado a cumplir con la disposición “3de3”, que mandata a presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Se trata de una de las disposiciones más impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y que no fue incluida en muchas de las reformas estatales.
El dictamen a presentarse hoy en el pleno contempla que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral –todos órganos autónomos– han de tener órganos de autonomía técnica y de gestión para fiscalizar y analizar la responsabilidad de los servidores públicos.
La reforma contempla además el establecimiento de la extinción de dominio para bienes ligados a la corrupción “como una estrategia que coadyuve a detectar, controlar, disuadir, sancionar y sobre todo combatir las prácticas deshonestas de quienes detentan cargos públicos”, establece el dictamen al que El Diario tuvo acceso.
La extinción de dominio se aplicará, según lo prevé la reforma, incluso a bienes registrados a nombres de terceros.
Para el nombramiento de titulares de órganos de control como la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, se buscará que sean especialistas en la materia quienes propongan una terna al Congreso.
Se crean además cargos como el titular de la Secretaría responsable del Control Interno del Ejecutivo.
En un intento por dotar de certeza y autonomía a los designados, “el gobernador del estado no podrá quitar de su cargo al fiscal especializado en combate a la corrupción, sin que medie la aprobación del Congreso del Estado, equiparándose este procedimiento al que se lleva a cabo para la remoción del fiscal general”, menciona el dictamen.
A los síndicos se les dota, según establece la reforma, de nueve herramientas para que funcionen como órganos internos de control municipal.
“… para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia de los órganos encargados de la justicia administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, señala el documento.
El cambio en la figura de los síndicos es también otra de las particularidades del sistema de la entidad. Con estos cambios, los síndicos podrán investigar y hasta sancionar las conductas administrativas no graves a nivel municipal.
Esas reformas iban a ser debatidas y votadas en sesión extraordinaria de la semana pasada, sin embargo el tema fue retirado a petición de la fracción parlamentaria del PRI y respaldado por unanimidad.
La reforma nacional en la materia se obtuvo en 2015 y en el decreto se dio como plazo el 18 de julio del 2017 para que todos los estados tuvieran sus normas locales y definidos sus sistemas anticorrupción, sin embargo Chihuahua no lo consiguió.
Algunas de las medidas
• No prescripción de actos de corrupción
• Mayores facultades de fiscalización para los síndicos
• Obligar a todos los servidores públicos a cumplir con ‘3de3’
• Extinción de dominio para bienes ligados a la corrupción
• Participación ciudadana en propuesta de ternas para órganos de control