El Diario de Chihuahua
2017-07-14Chihuahua— Un juez federal negó el amparo promovido por el exalcalde de Chihuahua Javier Alfonso Garfio Pacheco para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por una garantía económica de 25 millones de pesos.
El magistrado del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Chihuahua, Fernando Luévano Ovalle, consideró que la resolución que emitió el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Octavio Gaytán, era la correcta ante el daño patrimonial que se le imputa a Garfio Pacheco, el cual asciende a los 99 millones de pesos.
La resolución fue notificada a las partes involucradas anunciando la defensa del exfuncionario municipal que interpondrá un recurso de inconformidad para que sea un tribunal colegiado quien analice la situación y emita una resolución favorable a su cliente y con ello pueda continuar con su proceso en libertad.
Javier Alfonso Garfio Pacheco permanece en prisión desde el pasado 27 de marzo de este año, cuando fue detenido por elementos de la Policía Ministerial a través de una orden de aprehensión que giró un juez de Control, al haberle fincado la administración pública estatal que encabeza el gobernador Javier Corral a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) una acusación por el delito de peculado dentro de la causa penal 727/2017.
Tres días despúes, el 31 de marzo, el juez Octavio Armando Rodríguez Gaytán resolvió auto de vinculación a proceso en su contra, pues la FGE lo señaló de haber favorecido como integrante (vocal) de la junta de gobierno del IVI (hoy Coesvi) cuando era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el año 2012, la venta de 190 hectáreas de la reserva territorial “Labor de Terrazas” al empresario Benito Tagle Rodríguez, con un costo inferior en 328 millones de pesos.
El 12 de mayo del presente el empresario Benito Tagle a través de sus representantes y con la fe de un notario público, ofreció al Estado devolver las 190 hectáreas de reserva, con un valor actual de 600 millones de pesos, a cambio de que le reembolsaran los 99 millones de pesos que pagó la empresa de su propiedad “Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V.”, para esa adquisición.
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