Heriberto Barrientos/
El Diario
Chihuahua— El juez de Distrito Amílcar Asael Estrada Sánchez dictó el auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, y otros tres duartistas.
Se trata del exdirector de Presupuesto y Control de Pagos, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre; el exdirector de Egresos, Jesús Olivas, y el secretario de Finanzas y Administración del CDE priista, Pedro Mauli Romero Chávez.
Lo anterior por su presunta participación en la retención indebida de 14 millones 609 mil 583 pesos de compensaciones que les correspondían a cientos de jefes de área y de departamento en la pasada administración estatal.
Esos recursos fueron entregados al PRI en el año 2015 como “aportaciones voluntarias”, sin ser reportadas a las autoridades electorales.
En la audiencia celebrada ayer en la sala uno del Centro de Justicia Penal Federal, que se extendió por más de cinco horas dentro de la causa penal 457/2017, el juzgador decretó que los cuatro inculpados incurrieron en la comisión de diversas faltas sancionadas en los artículos 9, 11, 14 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Sin embargo no les impuso medida cautelar, por lo que enfrentarán el proceso en libertad.
El juez estableció además tres meses para el cierre de la investigación, previo al inicio del juicio oral federal correspondiente, en donde Herrera, Mezquitic y Olivas podrían alcanzar, según se informó, una sentencia de hasta nueve años de cárcel de ser encontrados culpables.
En el caso de Mauli serían hasta 15 años de prisión por tener un mayor grado de responsabilidad, toda vez que negó incluso a través de un oficio a las autoridades del INE haber recibido ese recurso y que comprendían retenciones que iban del 5 al diez por ciento en el pago de compensación de jefes de área que ganaban más de 12 mil pesos mensuales.
Por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) acudieron los fiscales Eduardo Manjarrez y Rosalba García, mientras que los abogados particulares Julio Iván Ramírez, Jesús Jonathan Domínguez, Luis Alberto Ortiz y Carlos Emanuel Aguirre defendieron a los cuatro procesados de manera independiente.
Se exhibieron las fechas y montos de 12 cheques que fueron autorizados del 4 de febrero al 23 de diciembre de 2015 por Herrera y Mezquitic, los cuales fueron endosados con sus firmas y se entregaron en las instalaciones de Hacienda al directivo priista quien, a su vez, los cambiaba en dinero en efectivo en el Servicio Panamericano.
El fiscal Eduardo Manjarrez leyó la confesión que hizo a la Fepade el exsecretario de Hacienda el pasado 26 de mayo, mencionando que recibió una llamada de Octavio Acosta, exsecretario particular de César Duarte, para que acudiera a la Casa de Gobierno en la avenida Zarco.
En esa reunión estuvo además el fallecido Carlos Hermosillo Arteaga, y en donde presuntamente Herrera recibió la instrucción específica del exmandatario César Duarte para continuar con el mecanismo de retención en el porcentaje a las compensaciones de los servidores públicos con sueldos superiores a los 12 mil pesos, con el propósito de entregarlos al PRI.
La Fiscalía acusó a Mauli como autor material de la comisión de delitos electorales, mientras que a los otros tres como cómplices.
Durante el desahogo de la audiencia Herrera Corral se notaba nervioso, se tomaba la cabeza constantemente con su mano izquierda y en el receso caminó inquieto por los pasillos de la sede del Poder Judicial Federal.
En una oportunidad se acercó a la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, quien también estuvo presente y la saludó de beso.
A las 14:41 horas el juez Estrada resolvió que existía congruencia en la materia respecto a la imputación con la vinculación a proceso.
“Se acredita que Miguel Ángel (Mezquitic) endosó 11 de los 12 cheques citados, mientras que el número 0478685 fue endosado por el secretario Jaime (Herrera), quien a su vez autorizó los 12 cheques. A Jesús (Olivas) se le atribuye no ejercer las facultades de vigilancia para impedir la violación a la Ley.
Al imputado Pedro (Mauli) se le atribuye haber recibido esos fondos y a su vez negar la información a las autoridades correspondientes (INE) con relación a esas aportaciones económicas”, expresó.
El juez citó el artículo 54 de la Ley General de los Partidos Políticos, que establece que los funcionarios bajo ninguna circunstancia pueden realizar aportaciones a los partidos políticos, y habiendo una subordinación de los trabajadores, ante la amenaza de perder su trabajo, “esa conducta se encuadra en esta prohibición”, mencionó.
Los abogados argumentaron que ese recurso eran aportaciones voluntarias de los trabajadores, a lo que el juez dijo que no había una voluntad libre de ellos, pues se leyeron declaraciones de diez trabajadores, quienes denunciaron ante la autoridad federal haber sido presionados para que les retuvieran esas cantidades de dinero, toda vez que si no accedían serían despedidos.
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