José Pérez-Espino/
El Diario
Ciudad de México— Chihuahua es el estado con más quejas documentadas por tortura y desaparición forzada en el país, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Además ocupa el segundo lugar nacional en detenciones arbitrarias cometidas por las corporaciones de seguridad, según el estudio “Los derechos humanos y la corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014”.
“La alta concentración de quejas por desaparición forzada, detenciones arbitrarias y tortura en las mismas entidades (Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz), retrata unas condiciones generales desfavorables al ejercicio de derechos civiles”, indica la investigación.
Además, “las víctimas indirectas de la violencia continúan viviendo en estas entidades”, agrega.
En Chihuahua fueron documentados 16 casos de tortura de 2000 a 2014 por la CNDH.
Después aparecen Michoacán, con 13 quejas; Guerrero y Baja California con 11 cada uno; Veracruz y Tabasco con 8 cada uno; Estado de México, con 7; y Tamaulipas y Sonora con 6 cada uno, según los datos del organismo con corte al 27 de abril de 2016.
Michoacán encabeza la lista nacional por detenciones arbitrarias, con mil 070; le sigue Chihuahua con 818; Ciudad de México con 810; Veracruz con 682; Tamaulipas con 642; Guerrero con 589; Baja California con 491; y Coahuila con 479.
En el caso de la desaparición forzada, Chihuahua encabeza las quejas ante el Ombudsman nacional, con 57.
En segundo lugar se encuentra Tamaulipas, con 50; después Michoacán, con 46; Coahuila, con 35; Guerrero, 34; Veracruz, 26; Nuevo León, 21; y, Jalisco, 20.
En cambio, Veracruz encabeza la lista de averiguaciones previas por desaparición forzada con 54, seguido de Tamaulipas con 35, Chihuahua con 29 y Coahuila con 25.
“Estas cuatro entidades concentran el 68 por ciento de las averiguaciones previas por desaparición forzada”, expone el documento.
El reporte señala que “la pequeña corrupción de mandos medios y bajos que no coopta al Estado, así como la focalizada y generalizada que tampoco coopta al Estado son relevantes para la violación a derechos humanos y debieran ser atacadas”.
Sin embargo, añade, “cuando nos encontramos frente a un contexto como el de México, el principal problema es de falta voluntad política”.
“En este contexto, las violaciones a derechos humanos derivadas de la corrupción toman patrones sistemáticos (por omisión) y estructurales, y el combate a esa pequeña corrupción no va a modificar estos patrones”, cocluye.
La investigación, entregada esta semana al Congreso de la Unión, fue realizada por la CNDH, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de las Naciones Unidas.