José Pérez-Espino
El Diario
Ciudad de México— Un juzgado federal negó el amparo que solicitó Antonio Enrique Tarín García para evadir la primera orden de aprehensión expedida en su contra por el delito de peculado agravado, por lo cual se ocultó durante 28 horas en la Cámara de Diputados en marzo.
Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, resolvió sobreseer la demanda de garantías y determinó que “la Justicia de la Unión no ampara ni protege” al exdirector general de Adquisiciones durante la administración estatal anterior.
El 28 de marzo, Tarín García intentó rendir protesta como legislador en el salón de sesiones en San Lázaro, ya que es suplente del fallecido diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo.
Sin embargo, la Mesa Directiva del órgano legislativo se lo impidió tras conocerse que existía una orden de arresto en su contra.
Enseguida, el exfuncionario estatal se escondió en las oficinas del Grupo Parlamentario del PRI hasta que un juzgado federal concedió una suspensión provisional en el juicio de amparo 263/2017 que promovió para evitar su captura.
La Fiscalía General del Estado lo acusó del presunto desvío de 246 millones de pesos en la entonces Secretaría de Educación, Cultura y Deporte durante abril y mayo de 2016, de acuerdo con la causa penal 780/2017.
El pasado 7 de mayo fue detenido en la capital del país mediante una segunda orden de aprehensión emitida por un juez estatal por otro caso, correspondiente al supuesto desvío de 120 millones de pesos.
Según la causa penal 1260/2017, pagó esa cantidad a la empresa Kepler Soluciones Integrales S.C., la cual no aparece en padrón de proveedores de la administración estatal.
Tarín García se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social Número 1 de la capital del estado, donde se le siguen ambas causas penales.
El exservidor público también promovió un juicio de garantías a sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señalando a la Cámara de Diputados como responsable por no permitirle asumir como legislador.
No obstante, el 23 de mayo, los integrantes de la Sala Superior desecharon la petición debido a los procesos penales que hay en su contra.
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