Jaime Armendáriz/
El Diario
Chihuahua— El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, solicitó formalmente al Congreso local dar marcha atrás a un decreto avalado en la administración del priista César Duarte Jáquez, en el que varios tramos carreteros quedaron concesionados a una empresa de participación estatal mayoritaria, denominada Fibra Estatal Chihuahua.
En los argumentos, el titular del Ejecutivo asegura que con ese tipo de mecanismos se ponen en riesgo los recursos propios del Estado, y en su lugar plantea que sea el Gobierno quien tenga directamente a cargo las carreteras.
La propuesta fue recibida el jueves de la semana pasada en el Congreso del Estado y en ella se hace referencia al decreto legislativo 1039/2015, publicado el 14 de noviembre del 2015 en el Periódico Oficial del Estado y en el que se autorizó, entre otras cosas, la constitución de dos empresas de participación estatal mayoritara: Inversiones Carreteras Chihuahuenses S.A. De C.V. y Fibra Estatal Chihuahua S.A. De C.V.
Ésta última está bajo la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y y Obras Públicas del Estado, encargada de la explotación de obras y proyectos carreteros. Dentro de sus facultades está contratar financiamientos y créditos, previa autorización del Congreso.
A esa empresa se le otorgó la concesión para explotación, operación, conservación y mantenimiento, hasta por 50 años, los tramos Kilómetro 188-Jiménez, la Chihahua-Sacramento, Santa Isabel-Cuauhtémoc, Laguna-Flores Magón, Acortamiento Flores Magón-Galeana, Samalayuca-Santa Teresa, y Chihuahua-Ojinaga. De igual forma se le cedieron derechos por algunos otros tramos federales, como Delicias-Camargo, Jiménez-Chihuahua.
Asímismo la legislatura pasada autorizó al Ejecutivo a enajenar la totalidad o parte de las acciones de esa empresa Fibra Estatal Chihuahua a un fideicomiso no público.
Tanto esa, como otras consideraciones, se toman en cuenta para ahora solicitar dar marcha atrás a esa acción, pues en supuesto de que el Estado enajenara las acciones de una de esas empresas, titulares de las concesiones carreteras, el Gobierno dejaría de recibir los ingresos por peaje carretero durante 50 años en carreteras estatales y 30 de las federales.
“La falta de ingresos carreteros para el estado durante esos plazos, haría colapsar las finanzas públicas del estado, ya que no sólamente no habría recursos públicos para mantener y conservar las carreteras, sino que no habría dinero para realizar infraestructura pública, además de que los servicios públicos a cargo del Estado colapsarían aún más, sin los recursos públicos que proporcionan los ingresos propios carreteros”, asegura Corral en la iniciativa.
Además, enfatiza, de enajenarse los activos carreteros se afectaría para la entidad la distribución de Partidipaciones Federales, y por ende recalca que revertir el decreto no implicaría un deterioro adicional a las finanzas de la entidad, sino que, por el contrario, apunta, generaría mayor confianza y certidumbre entre los participantes de las emisiones carreteras, ya que el principal actor sería el propio estado y no una empresa de participación estatal mayoritaria.
Eso se traduciría en transparencia, agrega la iniciativa, y se buscaría obtener una mejor calificación en la operación, mayores beneficios fiscales y se buscaría liberar garantías con ese movimiento administrativo.
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