Juan de Dios Olivas
El Diario
A cuatro meses de que el Gobierno del Estado asumió el mando de las Policías preventivas de seis municipios del noroeste de la entidad, el plan decretado por el gobernador Javier Corral Jurado se encuentra estancado y el objetivo de restaurar el orden y la paz pública que se planteó está prácticamente rebasado por la violencia.
Desde que se dio la intervención estatal en Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes se intensificaron los enfrentamientos entre grupos armados, las masacres, plagios y ejecuciones a cualquier hora, decapitados y otras escenas que fueron comunes en los años de mayor violencia en el estado.
Esta situación queda exhibida por los hechos registrados desde la implementación de las acciones estatales y los datos oficiales proporcionados por instancias de seguridad.
No teníamos violencia (como ahora), estaba tranquila la ciudad, que no quiere decir que no se dieran hechos como en todo el país, pero no la teníamos. Ya después vienen (los agentes estatales), son por decretos, hay que aceptarlos y se hace”, dijo David Martínez Garrido, presidente municipal de Nuevo Casas Grandes.
Indicó que los crímenes ocurridos durante el período de intervención en Nuevo Casas Grandes mantiene consternados a la población.
Ante este panorama de inseguridad, el gobernador señaló recientemente que en el noroeste se tienen años de una acumulación de complicidades y protección oficial.
“Estoy hablando de una década en la que se dejó de actuar en la Sierra de Chihuahua donde no solamente se ocultaban o se descalificaban los hechos violentos”, refirió en una de sus últimas giras por la ciudad, donde expuso el plan de intervención a Policías municipales.
Indicó que la delincuencia logró penetrar las estructuras políticas en esa década que ahora se está combatiendo entre Estado y Federación.
Aunque el panorama se muestra complicado.
Las organizaciones delictivas mantienen el control casi total pese a que la entonces Policía Estatal Única –hoy denominada Comisión Estatal de Seguridad– asumió con 300 agentes la vigilancia preventiva y el combate a la delincuencia en esas comunidades del noroeste, como se estableció en el acuerdo 80/2017 decretado por el gobernador el pasado 18 de febrero.
Lo mismo se aprecia en Cuauhtémoc, donde hace dos meses se replicó el mismo esquema, bajo otro acuerdo identificado como 086/2017.
Los agentes preventivos de esas localidades, con excepción de Temósachic, fueron desarmados, sus patrullas requisadas y sus comandancias tomadas por los estatales.
A través de esos acuerdos, la Policía estatal asumió el mando y la responsabilidad de aplicar tanto el Bando de Policía y Buen Gobierno como la Ley de Vialidad y Tránsito, aunque los agentes municipales conservaron su subordinación a los Ayuntamientos.
Después de cuatro meses, sólo los agentes de Casas Grandes terminaron su evaluación de control de confianza y de certificación, mientras que el resto se encuentran en proceso, de acuerdo con información proporcionada por el portavoz de la Fiscalía General del Estado, Carlos Huerta Muñoz.
De los poco más de 200 agentes que tienen esos seis Ayuntamientos, solamente 79 ya pasaron por todo ese proceso y cumplieron. Del resto o están en proceso o no han iniciado.
En contraste, el Ayuntamiento de Temósachic no envió ni un solo agente a las evaluaciones y a capacitarse, por lo que la Comisión Estatal de Seguridad se alistaba este fin de semana para desarmar a los municipales, requisarles las patrullas y asumir la vigilancia mientras se define la situación de los policías no certificados, indicó el vocero.
De acuerdo con la Fiscalía, de Casas Grandes fueron sometidos al proceso sus 28 agentes, quienes ya culminaron su evaluación y capacitación.
En este municipio las armas y patrullas les fueron devueltas a los preventivos y se analiza la retirada de la Comisión Estatal de Seguridad, indicó Huerta.
Sin embargo en Nuevo Casas Grandes, de 83 elementos acudió un primer grupo de 28 que ya concluyeron su evaluación y un segundo de nueve agentes se encuentra en proceso de capacitación y revisión de control de confianza.
De Gómez Farías, 12 ya fueron evaluados, de Madera 17, de Ignacio Zaragoza 3 y de Temósachic ninguno de 20 policías que tiene el Ayuntamiento.
Se buscó a los alcaldes de otros municipios intervenidos, pero no respondieron a la solicitud de entrevista.
Rebasa la violencia
De febrero a la fecha, cuando se activó el plan de intervención, la violencia se desbordó principalmente en los municipios serranos del noroeste, mientras que en otros como Nuevo Casas Grandes, donde privaba la tranquilidad, se registraron hechos de alto impacto.
Ahí un empresario ganadero fue plagiado por un comando, trasladado a Sonora y asesinado, mientras que una persona fue descuartizada y dejada en una plaza pública con un narcomensaje, lo que alarmó a la población y provocó que las autoridades pidieran más presencia de las fuerzas estatales, de acuerdo con reportes policiacos y periodísticos.
En Cuauhtémoc, no contemplado inicialmente en el plan de intervención, el 20 de marzo se registró uno de los mayores enfrentamientos entre grupos delictivos, que dejó ocho personas sin vida entre ellas “El Cabo”, César Raúl Gamboa Sosa, líder de una de las facciones, lo que motivó que el Estado impusiera mandos en la corporación preventiva.
Sin embargo la presencia estatal no frenó la violencia en esa comunidad. El 3 de junio, en el interior del bar “Chicho’s’’ un hombre armado con un fusil de asalto Ak-47 acribilló a 28 personas, seis de las cuales fallecieron. En respuesta la Fiscalía ordenó el decomiso de autos ‘chuecos’ en toda la entidad.
En Madera, ante las numerosas ejecuciones cometidas por el crimen organizado, el Ejército inició el patrullaje de la zona y a finales de abril logró abatir a siete integrantes de un grupo armado que aterrorizaba a los habitantes, pero la violencia y la actividad del crimen organizado sigue.
En Nuevo Casas Grandes, El Diario documentó que el terror se apoderó de la población el 3 de mayo cuando personas armadas levantaron y descuartizaron a un hombre cuyos restos fueron abandonados con un narcomensaje, en la plaza de la colonia Villahermosa para advertir a sus rivales no entrar a su territorio.
En la misma región, dos estudiantes dedicados a la compra de vehículos usados que se trasladaban por la carretera que va de Chihuahua a Sonora fueron plagiados y a la fecha no aparecen. Se desconoce si la Fiscalía los busca.
Los estudiantes de mecánica son Jesús Martín Miranda Cruz, de 18 años, y Jesús Ramos, de 22, éste último originario de Chínipas. También en Nuevo Casas Grandes, uno de los casos que indignó a sus habitantes fue el homicidio del ganadero Raúl Nevárez Escárcega y su empleado Víctor Mendoza Polanco.
El crimen se reportó el jueves 18 de mayo luego de que sus cuerpos fueron localizados en el llamado Puerto San Luis, en territorio de Sonora. Ambos fueron secuestrados en Casas Grandes por hombres armados del estacionamiento de un negocio ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón y calle Belisario Domínguez, en el Centro de Nuevo Casas Grandes.
Los secuestradores también se llevaron la camioneta Chevrolet pickup 2008 de doble cabina color arena, propiedad del ganadero, lo que provocó una intensa movilización tanto de cuerpos policiacos como del propio Ejército. El caso permanece impune.
El plan de intervención sufrió un tropiezo el 28 de abril luego de que una de las patrullas requisadas a los agentes preventivos del municipio de Madera y usada por la Policía Estatal Única, fue asegurada con droga y armas.
Aunque la corporación sembró la versión de que era una unidad clonada, se comprobó que se encuentra en la lista del parque vehicular de Seguridad Pública de Madera que el pasado mes de febrero recibió a la Policía Estatal cuando tomó el cargo temporal en ese municipio.
El patrulla con número económico P078 es una pickup marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2015, con número de serie 3GCUK9EC7FG136665 que pertenece al Gobierno municipal pero se encontraba bajo resguardo de la Policía estatal, lo que motivó que el área de Asuntos Internos pusiera bajo investigación a sus elementos, dijo el portavoz de la Fiscalía estatal.
Para evitar este tipo de casos, la corporación comenzó a rolar a los policías estatales de un municipio a otro, añadió el funcionario.
Hay plan, no capacidad
El plan de intervención en las Policías locales se contempla aplicar en todos los municipios de la entidad, dijo recientemente el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, durante un foro de seguridad celebrado en esta ciudad.
Sin embargo esa intención tendrá que esperar, no solo a tener resultados en las comunidades con mando único, sino a que la Fiscalía General del Estado (FGE) tenga el número de agentes suficientes y capacidad para tomar el control total en la entidad.
El mandatario señaló que para eso se requiere medio millar de policías estatales que asuman la vigilancia mientras se depuran las corporaciones municipales.
“Estamos empezando a rodear el circuito, podríamos hacerlo en más municipios, lo tenemos que hacer, no tenemos policías, entonces nos vamos ir de seis en seis. Se necesitan como unos 500 policías más”, dijo.
El plan busca erradicar la corrupción policiaca y política que se generó a lo largo de años, indicó el mandatario.
Corral Jurado señaló que el plan de intervención se requiere aplicar en forma prioritaria en una docena de municipios más, sin precisar cuáles o de qué región de la entidad.
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