Orlando Chávez/
El Diario
Chihuahua— El juez Octavio Rodríguez, de la Sala 1 del Centro de Justicia, desestimó el delito de peculado en el caso en contra de Iván Eli Sánchez, representante de la empresa Bildung, y el ex diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez.
Sin embargo reclasificó la acusación por tráfico de influencias por beneficiarse con un pago de 2.4 millones de pesos. Ambos fueron vinculados a proceso por este delito, pero no se les dictaron medidas preventivas.
La pena por este delito va de 6 meses a 3 años de cárcel en el caso de Reyes y de 6 meses a 2 años para Sánchez, por lo que pueden obtener una sentencia para cumplir la sanción en libertad, incluso se les permite solicitar la suspensión condicionada del proceso durante un año atendiendo una serie de medidas que imponga el juez, y con esto lograr el sobreseimiento.
El exdiputado local Fernando Reyes acudió ayer a las 8 de la mañana a la audiencia de vinculación de proceso ante el juez de la Sala 1 Octavio Rodríguez. El exlegislador llegó junto con su esposa, la excongresista del PRI, Teporaca Romero, acusado de peculado por 2.4 millones de pesos, ya que recibió un pago por un servicio que no se prestó a la Dirección de Desarrollo Municipal en el 2016.
Fernando Reyes declaró ante el juez que ha sido tratado con respeto por los agentes del Ministerio Público, debido a que se presentó con una lesión en el labio superior, y explicó que se trata de una reacción orgánica y no de un golpe.
El Ministerio Público informó del proceso de como llegó el recurso a Fernando Reyes, pasando la autorización por varios funcionarios. El recurso habría sido liberado por un trabajo dividido en cinco etapas para ir justificando los pagos. El trabajo que se presentó iba a justificar el pago, integrado por documentos que fueron copiados de información pública que tienen organismos federales en sus sitios oficiales.
El Ministerio Público expuso que según las declaraciones de un testigo protegido, el exgobernador del estado, César Duarte, ahora prófugo de la justicia, se mantenía cercano de los legisladores para cambiar su apoyo en la aprobación de iniciativas a cambio de remuneración, pero solamente se centró en el tema de la bursatilización y que el exdiputado Fernando Reyes recibió en su caso 2.4 millones de pesos.
Precisó que el pago para Fernando Reyes fue liberado el año pasado, una vez que ya había pasado el proceso de aprobación de la bursatilización de 6 mil millones de pesos, en el cual el legislador votó a favor.
El testigo comentó que Fernando Reyes acudió por su pago ante el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, para cobrar los 2.4 millones de pesos, pero en un primer intento no le fueron aprobados para su liquidaciones, por lo que recurrieron a la simulación de servicios de la empresa que prestaría los servicios de asesoría.
Añadió que el expresidente del Partido Movimiento Ciudadano y hoy legislador local por esa fuerza política, Miguel Vallejo Lozano, estaba al tanto de los acuerdos, ya que incluso acudió a una de las reuniones con los funcionarios estatales.
El juez Rodríguez explicó que había elementos suficientes para cambiar el delito de peculado a tráfico de influencias, además de que se reparó al daño al depositar los 2 millones 420 mil pesos que recibió el exlegislador.
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