Itzel Ramírez/
El Diario
Exdiputados negaron la acusación de un testigo protegido de haber recibido un millón de pesos para aprobar la bursatilización durante la administración de César Duarte.
Además cuestionaron que haya sido usada la figura de un testigo protegido para difundir el señalamiento, por lo que, dijeron, analizan demandar por daño moral al Gobierno estatal.
Laura Domínguez, exdiputada del PRI, rechazó haber recibido remuneración alguna para influir en el sentido de sus votaciones cuando fue legisladora.
“Jamás recibí un solo peso por todos los votos que hicimos en 3 años”, dijo.
Domínguez, que señaló que sigue trabajando en el Congreso en el grupo parlamentario del PRI, descalificó los señalamientos vertidos en la audiencia de vinculación a proceso en contra de Sergio Medina Ibarra, exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Duarte.
“Este es el dicho de un delincuente con careta. No entiendo por qué salieron a relucir las declaraciones de ese dinero de los diputados de un testigo protegido que hasta donde sé es como de cuarto nivel, no creo que lo hayan tomado en cuenta para eso”, aseveró la priista.
Fuentes revelaron que tras la difusión de la declaración del testigo protegido, el viernes hubo tanto en Chihuahua como en Juárez una reunión entre algunos de los 23 diputados que aprobaron la bursatilización a través de bonos carreteros para hablar de las posibles medidas legales a tomar.
En Juárez, confirmaron las fuentes, estuvieron reunidos los exdiputados Laura Domínguez, Daniel Murguía Lardizábal, Enrique Licón Chávez, Jesús Díaz Monárrez, Juan Muñoz Rivera y Luis Fernando Rodríguez Giner.
Mientras que en Chihuahua se reunieron Mayra Díaz Guerra, María Elvira González Anchondo y Pedro Villalobos.
Enrique Licón, exdiputado de la alianza PRI-PVEM, exigió que se prueben los dichos del testigo protegido, toda vez que ya ha habido lo que llamó un juicio mediático en contra de los mencionados.
“Yo en lo personal no recibí un solo cinco. Si dicen que se entregó este dinero, que se investigue y que realmente se den los nombres de las personas porque no la podemos llevar unos por otros, si hay algo que se averigüe y que de ahí se proceda”, aseveró.
Mayra Chávez, exdiputada y actual dirigente del PRI en Juárez, consideró que estos señalamientos son parte de la estrategia del actual Gobierno estatal para distraer la atención sobre otros temas y “cazar” a los priistas.
“Es un señalamiento falso que obedece a un testimonio de oídas y aun así este testimonial ha estado siendo replicado como si ya fuera un hecho. Esta situación obedece a esta cacería, a este proceso de inquisición que se está queriendo hacer contra los priistas por parte del gobernador Javier Corral y de todas las instituciones que está controlando en este momento”, dijo.
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