El Diario
2017-05-18
Chihuahua— Cinco abogados, entre ellos un hijo de la diputada priista Imelda Beltrán, fueron detenidos por presunto fraude procesal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ejecutó una orden de aprehensión contra los cinco litigantes y dos trabajadores que falsearon y alteraron demandas laborales contra una empresa.
Los abogados arrestados son Fernando Alonso Loya Beltrán, hijo de la legisladora local por el Distrito 22; así como Antonio Juan Martín Rodríguez, Luis de Pablo Loya, Christian Eduardo Inzunza Chacón y Félix Alberto Muñoz Lozoya.
A los abogados se les formuló imputación ayer por los delitos de fraude procesal y falsedad ante una autoridad.
El abogado fue detenido con una orden de aprehensión a causa de una denuncia instaurada por Mauro César Rodríguez Woolfolk en representación de la empresa Woolfolk de México S.A. de C.V, luego de haber iniciado dos demandas a nombre de los clientes del despacho de Loya Beltrán; la primera en 2013 y que fue ganada en 2015, en tanto que la segunda continúa en proceso.
Tras darse a conocer la detención, el afectado desligó la actividad de su mamá como parte de su asunto jurídico. Precisó que fue detenido unas horas el miércoles por un asunto laboral.
Indicó que la orden de aprehensión en su contra no se trata de un fraude monetario, sino una situación derivada de un litigio contra esa empresa.
Buscan a otros 11
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó ayer que están a la búsqueda de otras once personas involucradas.
Entre ellos está por lo menos otro abogado laboralista y 10 extrabajadores de esa compañía, los cuales están siendo localizados mediante ordenes de aprehensión.
Ayer se realizó la audiencia de formulación de imputación en contra de los trabajadores Héctor Zeferino Jiménez Miranda y Ángel Alberto Salazar García, a quienes el juez de Control les fijó la medida cautelar de firmar periódicamente el libro de actas de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Apenas el pasado miércoles, la FGE ejecutó una orden de aprehensión contra cinco abogados litigantes y dos trabajadores que falsearon y alteraron demandas laborales contra la empresa maquiladora, la cual había entregado previamente a los imputados un millón de pesos y posteriormente otra cifra adicional.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el agente del Ministerio Público ante la juez de control, Martha Elvira Holguín, los abogados como representantes de los trabajadores de la empresa privada recibieron el pago de las prestaciones que reclamaban en una demanda laboral que presentaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar por terminada la relación laboral.