Orlando Chávez/
El Diario
Chihuahua— El regresar los terrenos no cambia en nada las investigaciones, según comentó el gobernador del Estado, Javier Corral, respecto a que el empresario Benito Tagle ofreció entregar los predios que le fueron vendidos por la pasada administración a precios por debajo del valor real.
El gobernador indicó que regresar los terrenos no significa que el delito no se haya cometido, así que seguirán en el mismo sentido.
La Consejería Jurídica del Estado a través de su titular, Maclovio Murillo, indicó que se actuará contra el empresario, debido a que presuntamente está relacionado con estos casos de corrupción, por los que está detenido el exalcalde, Javier Garfio, y otros dos exfuncionarios, a los que se sumó recientemente Antonio Tarín.
Murillo indicó que no se ha logrado detectar en donde quedó el dinero que pagó el empresario Benito Tagle por las hectáreas que le fueron vendidas en 99 millones de pesos, pero que tienen un valor de 600 millones como mínimo.
La empresa, extrañada
El representante legal de la empresa “Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V.”, Romel Castillo Gamboa declaró que resulta extraño que el Gobierno del estado no quiera aceptar las 190 hectáreas de terrenos en el ejido Labor de Terrazas.
“Así es, resulta extraño para nosotros que ahora no los quieran recuperar, por eso fue mi acercamiento de esa manera en la Coesvi para conflictuar menos esta situación, de ver la manera de sentarnos a la mesa a negociar y buscar lo mejor para las partes”, explicó Romel Castillo.
Yo señalé tres días para que respondieran a esta solicitud de rescisión de contrato, pero ciertamente ellos (gobierno) no están obligados jurídicamente a hacerlo, expresó.
Con respecto a las declaraciones que hizo el consejero jurídico del gobierno estatal Maclovio Murillo y que fueron públicas ayer en este rotativo, donde señaló complicidad del empresario Benito Tagle en el delito de peculado, el representante legal de la empresa respondió, “lventa fue legalmente realizada y está perfectamente documentada, están las pruebas que así lo acreditan. Si la parte acusadora que es el Ministerio Público así lo considera, el juez finalmente es el que decidirá si existe una responsabilidad o no, pero es difícil aventurarse al análisis de la sentencia que emite un juez”, manifestó.
Al ser cuestionado sobre que hará Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V., de mantenerse la negativa del gobierno estatal en recuperar esos terrenos de alta plusvalía, dijo, “Ya tendríamos que ver alguna estrategia legal, valorarla derivado de la respuesta negativa para entonces nosotros poder hacer actos plenos de dominio sobre los terrenos, derivado que por las acciones de la fiscalía no se puede realizar en estos momentos la inscripción en el Registro Público de la Propiedad”, sentenció Castillo Gamboa.
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