Staff/
El Diario
Chihuahua— Exsecretarios de primer nivel y exfuncionarios priístas de la pasada administración se acercaron a las autoridades estatales para convertirse en testigos protegidos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sus declaraciones ante el agente del Ministerio Público y documentos que entregaron forman parte de las carpetas de investigación por el delito de peculado en contra de exfuncionarios “duartistas”.
La FGE a través de su portavoz Carlos Huerta Muñoz no precisó ayer el número de testigos que hasta el momento se han incluido en las averiguaciones, cuyo beneficio por colaborar está no recibir acusación penal.
Entre los nombres de los exservidores bajo ese esquema se señaló al exsecretario de Hacienda estatal Jaime Ramón Herrera Corral, quien fue uno de los hombres con mayor cercanía al exgobernador César Duarte Jáquez.
De la misma forma se mencionan (no confirmados oficialmente) al exsecretario general de Gobierno Mario Trevizo Salazar, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología Maurilio Ochoa Millán, el excontralor Raúl Chávez Espinoza y el exdirector de Pensiones Civiles Marcelo González Tachiquín.
También se menciona el exsecretario de Educación y extitular del Poder Judicial José Miguel Salcido (éste último negó ayer el señalamiento públicamente), el exsecretario del Trabajo, Fidel Pérez entre otros de segundo y tercer nivel.
El abogado Francisco Martínez Valle defensor del exdirector administrativo Gerardo Villegas Madriles dijo a El Diario que el testigo protegido identificado bajo el folio T-701/2017 dio testimonio clave en la vinculación a proceso de su cliente el pasado 2 de abril, así como del expresidente municipal Javier Garfio Pacheco y del exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera, se trata nada menos de Jaime Herrera Corral.
“Es Jaime Herrera, incluso en la declaración que hizo y que fue leída por el Ministerio Público en la audiencia, éste (Herrera) se hizo evidente al decir las personas que presuntamente estuvieron presentes en dichas reuniones para acordar los supuestos actos ilícitos. Él (Herrera) las refiere como A, B y C”, expresó el litigante al ser abordado en la sala uno de juicios penales en el Centro de Justicia.
Ante el juez de control Eduardo Alexis Ornelas Pérez, dentro de la causa penal 780/2017, en contra de Ricardo Yáñez y Gerardo Villegas, la agente del Ministerio Público Marisa Peña leyó la declaración realizada el 22 de marzo del presente año por el testigo identificado como “T-701/2017”, y cuya identidad fue mantenida como reservada por la representación social, pese a la insistencia de la defensa para que se hiciera pública para acreditar su legalidad y sobre todo credibilidad.
En esa declaración presuntamente Jaime Herrera relató la conformación y el “modus operandi” de la presunta red de corrupción encabezada por el ex gobernador César Duarte, y la cual –dijo– fue utilizada para desviar sumas millonarias de dinero, recursos públicos que tenían también procedencia federal y que fueron destinados a fines políticos y/o para el enriquecimiento particular.
La red que el testigo delató estaba conformada por tres niveles, el primero por los secretarios, quienes elaboraban las políticas públicas, mientras que en el segundo nivel estaban directores de dependencias y organismos descentralizados, en la mayoría designaciones directas del exmandatario (según el testimonio), en este nivel también había también empresarios y proveedores.
Al continuar con la declaración del testigo protegido T-701-2017, la agente del MP lo citó como “un exfuncionario del más alto nivel del gabinete de César Duarte”.
En las audiencias celebradas se hizo referencia además a las declaraciones que hicieron varios exservidores públicos como el excontralor Raúl Chávez Espinoza, Olga Beltrán, Juan Pablo García, Ever Arámbula, Miguel Valdez, Alma Alarcón, Mayra Caro, entre otros quienes denunciaron contra los imputados las supuestas actividades ilícitas.
Otro de los testigos protegidos que presentó la FGE es identificado como T-801-2017 presuntamente familiar político de Raúl Chávez, quien como servidor público de Educación, delató cómo en la entonces SECyD a cargo de Ricardo Yáñez, se pagaron más de 90 millones de pesos por un software que nunca existió y que todo obra dentro de la carpeta de investigación.
Fuentes extraoficiales de la FGE revelaron ayer que en el caso del exsecretario general de Gobierno Mario Trevizo Salazar, quien inicialmente promovió el juicio de amparo 525/2017 para no ser detenido por la Fiscalía cuya suspensión definitiva le fue negada, tuvo acercamiento con el titular de esa dependencia, el fiscal César Augusto Peniche con quien mantiene una buena relación y logró presuntamente acogerse a la figura.
De la misma forma trascendió que Maurilio Ochoa Millán hizo lo propio con el consejero jurídico del gobierno de Javier Corral, el licenciado Maclovio Murillo.
Se mencionan
• Jaime Ramón Herrera Corral
Exsecretario de Hacienda
• Mario Trevizo Salazar
Exsecretario de Gobierno
• Maurilio Ochoa Millán
Exsecretario de Desarrollo Urbano
• Raúl Chávez Espinoza
Excontralor
• Marcelo González Tachiquín
Exdirector de Pensiones Civiles
• José Miguel Salcido
Exsecretario de Educación
• Fidel Pérez
Exsecretario del Trabajo