Gabriela Minjáres/
El Diario
Algunas de las irregularidades en la venta de terrenos durante la administración de César Duarte, que ahora mantienen en prisión a al menos tres exfuncionarios, fueron señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y pese a ello aprobadas por el Congreso en 2012 y 2013.
Las auditorías realizadas por el órgano fiscalizador estatal a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura Urbana (Coesvi), fueron avaladas sin observaciones que pudieran “generar responsabilidad alguna”.
Los informes fueron aprobados primero por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, en la que entonces participaba como diputada local María Eugenia Campos Galván, actual alcaldesa del municipio de Chihuahua; y posteriormente por el Pleno del Poder Legislativo.
Así está plenamente documentado en los informes públicos de la ASE correspondientes a esos años, cuando supuestamente se cometieron las irregularidades, documentos en los que se advierte que había una deficiencia en el control interno en la venta de terrenos.
Entre los terrenos que mencionan se identifica a “La Haciendita”, que se vendió a un valor más bajo que el comercial, mientras que de la venta de terrenos en el predio Labor de Terrazas no se hicieron observaciones.
“… No se determinaron observaciones en el ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos que puedan generar responsabilidad alguna; ello, atendiendo al alcance la auditoría practicada”, dicen los dos decretos aprobados por el Congreso del Estado en 2012 y 2013.
Sólo se menciona que de ambos períodos fiscales se desprendieron “una serie de inconsistencias derivadas de la falta de control interno, no obstante la respuesta del ente auditado no quedaron debidamente solventadas”, por lo que solicitaron a la ASE que, en coordinación con la Coesvi, se implementaran “mecanismos de control interno para prevenir dichas prácticas”.
Ello a pesar de que en el informe de 2012, año en que se realizó la venta presuntamente irregular de un terreno por el que se acusa a Javier Garfio, la ASE realizó observaciones en los ingresos y costos por ventas de los predios.
Entonces, menciona el documento, se observó “deficiencia en el control interno debido a que el documento que sirve como base para fundamentar el costo por metro cuadrado, no viene firmado, autorizado y no se sabe quién lo expidió, ni la fecha en que se realizó, lo que esta deficiencia puede ocasionar que dicho costo puede darse de forma discrecional al no haber quien valide y autorice dicho documento”.
Agrega que esto contraviene lo que establecen los artículos 1678 y 1659 del Código Administrativo del Estado, que determinan los criterios para la enajenación de los bienes inmuebles del Estado.
Aunque a esta observación la Coesvi, organismo del que entonces era director general Ricardo Yáñez Herrera —quien también se encuentra preso por peculado—, respondió que el control para la venta de terrenos se había modificado, la ASE determinó que no se solventaba porque no se probó tal situación.
En el mismo informe, cuando se revisó la reserva territorial a nombre de la Coesvi, la Auditoría determinó que los contratos de compraventa como el del predio Labor de Terrazas, por el que se inculpa a Garfio, y “La Haciendita”, se realizaron conforme a la normatividad y de manera adecuada, por lo que los resultados fueron satisfactorios.
Posteriormente, en el informe de 2013, se documentó que la venta de 948 mil 252.68 metros cuadrados de un terreno en breña ubicados en un predio denominado “La Haciendita” en la ciudad de Chihuahua por un total de 45 millones 990 mil 254.98 pesos, se observó que no se contaba con el avalúo correspondiente al terreno que permita determinar si el precio correspondía al que tiene el mercado.
Se detalla que dicha venta quedó registrada en el contrato número 0103/2013 celebrado con la empresa Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, SA de CV, representada por Eduardo Almeida Navarro, el 15 de octubre de 2013.
El avalúo según correspondía al 2012, cuando presentaba un valor de 48.50 pesos el metro cuadrado y para entonces ya costaba 64 pesos, lo que representaba un “daño patrimonial” a la Coesvi por 14.6 millones de pesos, porque se debió vender en 60.6 millones.
Sin embargo, la Coesvi argumentó que el avalúo y el dictamen en el que se sustentó la venta tenían una vigencia de un año, por lo que la venta se realizó al precio correspondiente al 2012, respuesta que fue considerada por la ASE como solventada.
En el mismo informe se documentó que por la venta de “La Haciendita” se recibió un pago inicial por 11.4 millones de pesos y el resto se liquidaría en 36 mensualidades de 958 mil pesos.
En las cuentas por cobrar, también se hizo la observación que la empresa Grupo Industrial y Constructor SA de CV, que compró un terreno de 190 hectáreas en Labor de Terrazas, debía 86.1 millones de pesos.
Por la venta de este predio la Fiscalía General del Estado acusó a Garfio Pacheco por el delito de peculado, al asegurar que en su calidad de titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en 2012, participó en la “distracción de recursos públicos por la cantidad de 328 millones de pesos”.
De acuerdo con el Ministerio Público, el predio que estaba destinado para construcción de viviendas populares lo vendió la Coesvi el 12 de septiembre de 2012 en 99.1 millones de pesos, cuando supuestamente el valor comercial era de 427.8 millones y con un valor catastral de 114.6 millones.
Por este caso se le dictó auto de vinculación a proceso a Garfio y prisión preventiva por ocho meses, por lo que se encuentra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 en San Guillermo, municipio de Aquiles Serdán.
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