Salud Ochoa/
El Diario
Chihuahua— Javier Garfio Pacheco es el quinto exalcalde de Chihuahua al que se le sigue un proceso penal, precedido por Marco Adán Quezada, Juan Blanco Zaldívar, Gustavo Ramos Becerra y Rodolfo Torres Medina.
Garfio Pacheco es acusado del delito de peculado y presuntos actos de corrupción durante su gestión como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, según lo dio a conocer la autoridad correspondiente.
Anteriormente, en el 2015, Marco Adán Quezada enfrentó una demanda penal interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los delitos de homicidio, lesiones e indebida prestación del servicio público, así como la protección y seguridad de las personas por el caso del extremo AeroShow. Los cargos se interpusieron también en contra de seis funcionarios más. Quezada nunca pisó la cárcel.
El 30 de mayo del 2009, Juan Alberto Blanco Zaldívar, candidato de Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal por el distrito seis y ex presidente municipal de la capital, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, acusado de cohecho, tras permanecer amparado por la justicia federal durante varios meses.
La detención, ordenada por Rodolfo Romano, juez Cuarto Penal, ocurrió momentos antes de iniciar su campaña. Junto con él fueron detenidos su chofer, el secretario particular y un fotógrafo que lo acompañaban, quienes se oponían a la aprehensión de su jefe.
Blanco ingresó a la prisión Aquiles Serdán y fue puesto a disposición de un juez penal. La consignación del expediente se derivó de la revisión de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2006, efectuada por la Auditoría Superior del Congreso local, donde se detectó que el entonces alcalde y sus funcionarios proporcionaron información privilegiada a la empresa Sistemas de Ingeniería Residual SA (Sirssa), creada ex profeso para participar en la concesión pública para obtener la licitación del manejo y reciclado de basura en el relleno sanitario del municipio.
En su declaración ministerial, los socios de la empresa admitieron que fueron beneficiados con información sobre el contenido de las bases, que se modificaron varias veces para garantizar que Sirssa obtendría la concesión.
A cambio, el entonces presidente municipal solicitó aportaciones por más de cinco millones de pesos en efectivo y en especie para financiar las campañas de los candidatos del PAN a la presidencia municipal y diputados locales, entre ellos la de Carlos Borruel Baquera y Roberto Lara Rocha.
Rodolfo Torres Medina fue enviado a la cárcel en 1994 acusado de peculado. Tras una auditoría practicada por el Congreso del Estado integrado en su mayoría por panistas, se encontró culpable al funcionario, quien logró salir bajo fianza de la reclusión.
Esto último, luego de que a la luz pública apareciera que la administración de Torres Medina efectuó gastos sin documentación alguna que avalase la erogación de recursos públicos.
En junio del 2002, un juez penal sentenció a Gustavo Ramos Becerra, a una pena de seis años y 10 meses de prisión, lo inhabilitó por 20 meses para ocupar cargos públicos y ordenó el decomiso de cinco residencias construidas en un exclusivo club de golf durante el gobierno que encabezó entre 1995 y 1998, mismas que ocuparan el ex edil y cuatro de sus hijas.
El fallo derivó de un proceso judicial iniciado contra el ex alcalde en noviembre de 1998, cuando un grupo de legisladores locales del Partido Acción Nacional presentó una denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado, luego que en los últimos meses de la administración municipal se hizo pública la edificación de un conjunto habitacional de su propiedad, con un costo de más de 6 millones de pesos, para cuya construcción se presumió el uso y desvío de recursos del ayuntamiento.
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