José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— Estado y Municipio tienen hasta noviembre para armonizar su respectivo marco jurídico con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que tiene entre sus objetivos frenar la dispersión de zonas habitacionales.
Se busca evitar fraccionamientos sin planeación y sin tomar en cuenta las vialidades, equipamiento e instalaciones urbanas que requiere un nuevo asentamiento, dijo Pablo Bedolla López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el Cabildo de Juárez aprobó la semana pasada un desarrollo de vivienda en condominio al filo del cinturón de contención al suroriente de la ciudad, antes de actualizar las normas locales como dispone la ley federal.
A nivel nacional, “queremos impedir un crecimiento urbano anárquico, porque las zonas ejidales se están convirtiendo en verdaderos problemas para los gobiernos locales y por supuesto para el federal”, dijo el diputado del PRI.
La aplicación del nuevo marco legal tiene dos facetas: regularizar asentamientos humanos y evitar su proliferación, lo cual ofrece muchas ventajas para la sociedad y el país, explicó.
“Busca poner orden y responsabilidades para que los gobiernos municipales, estatales y federal se hagan corresponsables, humanizando y armonizando el desarrollo urbano”, dijo Bedolla López en un comunicado.
Afirmó que debe aplicarse la ley, porque “no estamos sujetos a la voluntad política, sino al cumplimiento de la normatividad para evitar el fraccionamiento desordenado de terrenos por la urbanización”.
Agregó que los conceptos de humanizar las ciudades y el de resiliencia (capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas), deberán incorporarlos los gobiernos locales en sus ordenamientos de desarrollo urbano y territorial, a fin de actuar de manera eficaz ante fenómenos naturales.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada por el Congreso de la Unión, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016.
Al entrar en vigor al día siguiente, abrogó la Ley General de Asentamientos Humanos de 1993.
En un artículo transitorio establece un año de plazo para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno armonicen todas las disposiciones legales y reglamentarias con la nueva ley.
Entre otras obligaciones, estipula que el Municipio deberá convocar a la creación de un consejo ciudadano plural y con perspectiva de género que proponga políticas de ordenamiento territorial, planeación y desarrollo urbano para evitar la dispersión urbana.
A nivel federal se formará el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, mediante convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
De igual manera se constituirá una instancia estatal, indica la ley.