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Estado pactó con municipios entrada de la Policía Estatal

El Diario | Lunes 20 Marzo 2017 | 00:01:00 hrs

Chihuahua—La administración estatal anterior firmó decretos en mayo de 2013 con los 67 ayuntamientos, para que estos permitieran que la Policía Estatal Única (PEU) se hiciera cargo de la seguridad de sus municipios y a pesar de ese documento, ocultaron la dimensión de violencia que vivió la gente de zonas serranas y del noroeste.

En el decreto, firmado por el ex gobernador César Duarte Jáquez, así como por quienes eran titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), por los ex alcaldes y ex directores de Seguridad Pública Municipal, indica que “el estado determina la información sobre los hechos, acontecimientos o datos de los que se advierta una amenaza o riesgo a la seguridad pública del municipio”.

Los ayuntamientos autorizan a la PEU a asumir todas las facultades de seguridad, a hacer uso de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de los ayuntamientos y a someter a evaluación y capacitación a sus agentes municipales, documento que ahora favorece el operativo que inició  en el noroeste, a pesar de la resistencia de los alcaldes.

Cualquier modificación del convenio deberá efectuarse de común acuerdo por las partes, y en caso de que una de las partes desee derogarlo, tiene que hacerlo con 30 días naturales de anticipación, ya que dicho convenio es por tiempo indefinido.

Con esos convenios firmados y los resultados negativos de exámenes de confianza realizados a directores de seguridad pública municipal, la Fiscalía General del Estado dará el siguiente paso para limpiar las direcciones de Policía Municipal en varios municipios.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, siete directores de Seguridad Municipal actuales, cuentan con exámenes reprobados: Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero y Santa Bárbara.

Asimismo, hay 19 directores sin evaluar, mientras que de 6 mil 876 agentes municipales en 65 municipios (excepto Chihuahua y Juárez) que se tienen registrados en la entidad, 717 se encuentran sin evaluar, 997 no tienen evaluaciones vigentes y 5 mil 162 si tienen evaluaciones vigentes, pero no todos aprobaron.

Respecto del convenio firmado por los alcaldes del trienio 2010-2013, indica en la cláusula Tercera fracción d, que los Municipios están obligados a proporcionar al gobierno estatal, la información que requiera para integrar y mantener actualizado el mapa criminológico de los respectivos municipios, mientras que en la cláusula Cuarta el gobierno estatal se compromete a coordinar operativamente al personal de la Dirección de Seguridad Pública de cada municipio.

En esa misma cláusula, fracción III, establecen que la Policía Estatal Única está encargada de vigilar que el titular y los mandos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de cada municipio, se sujeten a los procesos de evaluación y control de confianza, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Asimismo: “impulsar, supervisar los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, evaluación y certificación de los aspirantes  de la Dirección de Seguridad Pública, así como de evaluación para la permanencia de sus integrantes”, según la fracción IV.

En la sección VI, dice que la PEU puede instrumentar un procedimiento sistemático para la revisión y custodia de los depósitos de armamento del Municipio y la siguiente fracción dice que está facultada para desarrollar protocolos de operación y proporcionar a la Dirección de Seguridad Pública, la capacitación necesaria para su correcta aplicación.

En la VIII establecieron que la corporación estatal puede “comisionar al personal necesario de la PEU a la Dirección de Seguridad Pública, en apoyo a las funciones de su titular”.

La cláusula Quinta dice se puede transferir al gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del Estado, por conducto de la PEU, las funciones de mando de la Policía Municipal, en su aspecto operativo, en la fracción II, los municipios aceptan proporcionar a la Fiscalía, el inventario de los recursos humanos, materiales y administrativos de que dispone en materia de seguridad pública, en su plazo que no excederá de quince días contados a partir de la suscripción del presente instrumento”.

Y el IV dice que los ayuntamientos deben facilitar a la Fiscalía, el uso de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, durante la vigencia del convenio, que es indefinida. (Patricia Mayorga/El Diario)


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