Juan de Dios Olivas
El Diario
Nuevo Casas Grandes— El conflicto entre municipios del noroeste y el Gobierno del Estado tras la toma de corporaciones preventivas por la Policía Estatal Única, permanece sin solución. El Estado no abrió el diálogo que se esperaba iniciara a primera hora de este día en la Alcaldía.
Ahí, policías municipales que mantienen un plantón, rechazaron estar involucrados con el narcotráfico como lo afirman autoridades estatales, y llamaron a actuar legalmente, si tienen elementos contra alguno de ellos.
“No estamos en ningún momento en ninguna capacitación que se nos quiera impartir, no tenemos ningún temor nosotros, en cuanto a lo que ellos afirman. Para nosotros fueron las formas y cómo se manejaron las cosas, de que se nos dio una hora para ir a la casa y subirte a un camión para irte por tres meses fuera de tu casa", indicó Víctor Hugo Hernández, comandante de la Policía Municipal de Casas Grandes.
Con él coinciden varios agentes de diferentes municipios.
"Estamos desconcertados por la actuación del Estado; nosotros estamos en completo acuerdo de que se nos capacite y se nos dé la preparación adecuada. Lo que pedimos es que se nos reinstale y como en tiempos atrás se nos mande a capacitar en pequeños grupos", dijo Iván Mendoza.
Agregó que ante los rumores de que los iban a acuartelar y detener, no acudieron en un principio. También plantean que la capacitación se realice por etapas.
Los agentes preventivos de este municipio y del vecino Casas Grandes permanecen apostados en el exterior de la Casa de la Cultura, frente a la Presidencia Municipal en protesta por la irrupción de la Policía Estatal Única en sus comunidades para despojarlos de vehículos, armas e instalaciones.
El alcalde David Martínez, quien mantiene una huelga de hambre que ya cumple más de 90 horas, anunció que terminará su ayuno a las 4:00 de la tarde de hoy y, en caso de no haber solución, recurrirá a otras alternativas legales para hacer valer la autonomía del municipio.
El edil indicó que mantiene la posibilidad de formalizar una controversia constitucional que el Cabildo autorizó interponer en contra de Gobierno del Estado.
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