Fernando Aguilar/
El Diario
La resistencia que tienen los alcaldes de municipios del noroeste del estado hacia la presencia de la Policía Estatal debe desaparecer por el bien de esas comunidades, dijeron abogados y la Mesa de Seguridad y Justicia.
La pugna entre los presidentes municipales y el Estado por el control de la seguridad ha llegado hasta el punto de que unos rechazan que aquella corporación tome el mando de la seguridad en sus poblaciones y otros la condicionan con el argumento de que agentes de ese tipo incurren en abusos.
Astrid González Dávila, coordinadora de la Mesa, manifestó que el hecho de que el Gobierno estatal haya asumido las labores para combatir la inseguridad es una política que surge de acciones de inteligencias que son necesarias en la zona serrana.
“Estamos solicitando a la autoridad que actúe y cuando actúa no estamos poniendo nosotros (los ciudadanos) de nuestra parte y eso es importante también”, dijo en un tono irónico. “Se supone que es algo temporal, una estrategia ya consultada muy probablemente con varias instancias en el área de inteligencia para hacer este tipo de operativos”.
De acuerdo con González Dávila, la mesa ciudadana interinstitucional que coordina percibe voluntad política de parte de las tres esferas de Gobierno para realizar acciones para abatir la delincuencia, por lo que, consideró, la ciudadanía no está siendo engañada en ese sentido.
Para el abogado Sergio Conde Varela, representante de la organización Patria Nueva, los alcaldes que se resisten deben entender que se trata de una cuestión de seguridad que está fuera de sus manos atender, por lo que deben evitar pensar que la autonomía municipal les confiere potestad para ser la máxima autoridad en sus territorios.
“Deben conocer la Constitución (del estado)”, comentó. “El artículo 93 señala que el gobernador es el jefe de todas las policías y más cuando hay problemas como los que empezamos a vivir. Dicen que se viola su autonomía, pero no, porque los municipios pueden ser autónomos en unas áreas, pero no pueden estar encima de la Constitución”.
Jorge Arturo Echavarría Cruz, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, consideró que la Federación debe hacerse presente en la zona serrana dado que ahí se vive una problemática que por su naturaleza le compete al orden federal.
Opinó que el gobernador Javier Corral Jurado debe exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que la Policía Federal tome controles en la zona de la Sierra, pues, dijo, esta última corporación sí cuenta con el equipo, el personal y los recursos que se necesitan para hacer frente a la inseguridad.
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