Alicia Fernández/
El Diario
La diputada por el Distrito 02 en Ciudad Juárez, Isela Torres, dio a conocer que solicitó de manera formal que se citara al fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, en el Congreso del Estado, para que explique su situación ante la Secretaría de la Función Pública, ya que de acuerdo a reportes de esta instancia, había sido suspendido.
Torres destacó el contexto estatal en el que los índices delictivos, en específico los asesinatos han ido en aumento, por lo que es importante que se tenga definido el papel del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante estas situaciones y se dé una explicación a la ciudadanía.
“Desde finales de diciembre, el mismo fiscal ha reconocido que le fue notificado de que había una inhabilitación en su contra, después no han dado una explicación clara”, dijo Torres.
De acuerdo a archivos periodísticos, Peniche había sido suspendido por tres meses debido a una negligencia administrativa en la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, el Gobierno del Estado informó en un comunicado que el pasado 12 de enero del año en curso, se interpuso una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto a la resolución dictada.
En dicho comunicado se aseguró que tras el recurso interpuesto por Peniche Espejel, se le concedió una suspensión provisional a fin de que siguiera trabajando de manera regular como fiscal, hasta que se resolviera el asunto.
En este sentido, la diputada priista mencionó que Peniche nunca presentó este documento ante el Congreso del Estado, por lo que no ha comprobado de forma fidedigna que puede ejercer su cargo.
“De no ser así, el fiscal en todas las actuaciones que ha tenido desde entonces para acá, estaría cometiendo una ilegalidad, más bien no habría fiscal porque de hecho y de derecho no existiría”, comentó la legisladora, quien incluso dudó que el documento existiera.
Comentó que lo que solicitó fue en primera instancia la comparecencia ante el Congreso, que se presente el documento y de no ser así que se destituya o proceda la suspensión.
Una omisión de 2012
De acuerdo con los antecedentes, el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, no fue inhabilitado sino suspendido por tres meses, por no realizar en 2012 un trámite administrativo y en su lugar lo delegó a un subordinado que a su vez no lo hizo; la sanción llegó el 23 de diciembre de 2016.
Sin embargo, la suspensión era del cargo que ya no ocupaba, es decir, como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), no para otros cargos.
El trámite administrativo era interno y le correspondía a un área que no existía en el organigrama, por lo que fue encomendada a otro subordinado que no lo realizó, por lo que se interpuso la queja.
Posteriormente, César Peniche dejó el cargo y fue enviado a Michoacán, luego al Centro Nacional de Seguridad, donde trabajó sin problema.
La sanción fue notificada a Peniche por el órgano de control interno, el 23 de diciembre pasado, en temporada vacacional, por lo que pudo impugnarla hasta los primeros días de enero.
El fiscal promovió una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo con el expediente 1163/17-17-04-9 y el 12 de enero admite la demanda y le concede la suspensión provisional.
“(...) a fin de que las cosas se mantengan como se encuentran, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicha medida”.
El tribunal explica que en este caso se hace patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio.
“(...) de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se reparará, ni obteniendo sentencia favorable en el.juicio de amparo”, dice el documento emitido en la Cuarta Sala Regional Metropolitana.
El Tribunal aún no resuelve el fondo del asunto. (Con información de Patricia Mayorga / El Diario)
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