Estado

Iniciativas para endurecer penas siguen en análisis

José Pérez Espino/
El Diario

2017-02-14

Ciudad de México— La posesión, uso, compra-venta y acopio ilegal de armas de fuego serán delitos graves, de acuerdo con una reforma aprobada en diciembre por los senadores y que la Cámara de Diputados analiza en comisiones, con el propósito de impedir que las personas que cometan esos ilícitos enfrenten el proceso en libertad.
La modificación se votó el 15 de diciembre pasado en la Cámara de Senadores, pero el documento llegó a San Lázaro hasta el 2 de febrero para su dictamen en las comisiones de Justicia y de Defensa Nacional, donde apenas inició el proceso de revisión, informaron fuentes del órgano legislativo.
Los cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contemplan penas de seis a 15 años de prisión por la posesión de armas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de siete a 20 años de cárcel por acopio, entre otras sanciones.
El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, también presentó ayer ante el pleno en San Lázaro un paquete de iniciativas para reformar 73 artículos de nueve ordenamientos legales en materia de seguridad y justicia.
Una de las propuestas es considerar “como delitos graves en contra de la seguridad de la Nación, la portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.
La iniciativa priista se suma a la impulsada por los senadores perredistas Luis Humberto Fernández Fuentes, Miguel Barbosa Huerta y Zoé Robledo Aburto; los priistas Ismael Hernández Deras y Ernesto Gándara Camou; y el panista Fernando Yunes Márquez, quienes presentaron su proyecto el 8 de marzo de 2016.
“El ingrediente principal de la violencia y la actividad delictiva son las armas, sin embargo hoy la legislación vigente sobre su portación es laxa y limita su control”, expusieron.
“El modelo actual permite portar armas como 9mm sin mayor problema y aun con armas de mayor peligrosidad la sanción es una multa. Sin pena corporal. Únicamente tiene consecuencias como agravante, no como delito por sí mismo”, según el documento.
Agregan que lo anterior “constituye una limitación para las fuerzas del orden y un pilar de la operación de los grupos criminales”.
El dictamen en sentido positivo, elaborado por las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, fue publicado por la Gaceta de la Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 2016 y aprobado por el pleno el mismo día con 94 votos a favor y uno en contra, por lo que se envió a San Lázaro para su análisis y votación.
La minuta correspondiente se publicó en la Gaceta de la Cámara de Diputados el 2 de febrero pasado.
El pasado lunes, el gobernador Javier Corral Jurado declaró en Ciudad Juárez que el Gobierno del Estado y el Municipio de Juárez solicitarán a la Federación y al Congreso de la Unión que se modifique el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La normatividad facilita la liberación de personas que son detenidas por narcomenudeo y por portación de armas, que es donde se tiene el mayor problema vinculado a los homicidios, dijo.
Hay casos de personas que han sido detenidas dos y hasta tres veces por mes, y que otra vez salen libres, indicó.

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