José Pérez-Espino/
El Diario
Ciudad de México– El Órgano de Control Interno de la Procuraduría General de la República (PGR) acreditó “diversas responsabilidades administrativas” al fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El funcionario estatal “está haciendo uso de los medios de impugnación que le concede la ley”, señaló la dependencia a El Diario en una tarjeta informativa. “Derivado de la investigación realizada por el Órgano de Control Interno en la Procuraduría General de la República, éste determinó que se habían satisfecho los elementos necesarios para acreditar diversas negligencias administrativas al fiscal general del Estado de Chihuahua, César Peniche Espejel”, indicó.
“En razón de lo anterior, la Secretaría de la Función Pública reitera que será respetuosa de la resolución que lleguen a dictar las autoridades competentes”, agregó.
La SFP retiró ayer el nombre de César Augusto Peniche Espejel de la lista de servidores públicos sancionados debido a un recurso que interpuso el actual fiscal General de Chihuahua ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La dependencia federal inhabilitó al funcionario estatal para ocupar cargos públicos durante tres meses, del 23 de diciembre al 23 de marzo, por una presunta negligencia administrativa en la que incurrió cuando fungía como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2015.
Peniche promovió una demanda de nulidad de la resolución al expediente 0476/2015 ante el Tribunal administrativo, el cual otorgó una suspensión provisional hasta determinar si confirma o no la inhabilitación, dijo personal de la SFP.
En un comunicado, Gobierno del Estado notificó el domingo pasado que “la supuesta falta que se le atribuye al fiscal es haber dejado de dar trámite a unos documentos recibidos por la delegación estatal de la PGR, provenientes de una autoridad inexistente y por una diligencia que correspondía realizar a otra autoridad”.
Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró que la suspensión de tres meses por “negligencia administrativa” contra el titular de esa institución, César Augusto Peniche Espejel, fue por un asunto meramente administrativo y de competencia del fuero federal, que no afectan las responsabilidades que actualmente tiene el funcionario.
El Diario intentó comunicarse ayer con el fiscal general Peniche Espejel, sin embargo se informó que éste se encontraba en Estados Unidos, verificando un proceso de certificación en los Ceresos estatales.
El responsable de comunicación social de la FGE, Carlos Huerta, insistió en que la supuesta falta que se le atribuye al funcionario estatal, es haber dejado de dar trámite a unos documentos recibidos en la delegación estatal de PGR en el año 2012 y que eran dirigidos a un jefe de una autoridad inexistente dentro del organigrama de PGR.
Sin embargo se le dio entrada al documento, explicó Huerta, y el oficio se envió al área correspondiente de donde al parecer no hubo contestación y por lo tanto se generó la sanción.
La FGE detalló que no fue sino hasta el día 23 de diciembre de 2016, en la víspera de noche buena en que se hizo la notificación a César Augusto Peniche de la resolución del Órgano Interno de Control.
Por lo anterior, el pasado 12 de enero del año en curso, se interpuso la demanda de nulidad de esa resolución dictada, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concediendo éste una suspensión provisional a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de nulidad en contra de Peniche Espejel, precisó Carlos Huerta.
Esta sanción generó controversia al interior de la autoridad investigadora estatal, pues fue el 16 de diciembre del año pasado, período en que la mayoría de los funcionarios federales de las diversas dependencias, gozan de un lapso vacacional, cuando se emitió la suspensión de tres meses para ocupar un cargo público en contra de Peniche Espejel.
La FGE reiteró que nunca hubo negligencia del actual fiscal general del Estado, en los trámites que se refieren en la sanción, ya que la diligencia correspondía a otra autoridad. (José-Pérez Espino / El Diario)
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