José Pérez-Espino/
El Diario
Ciudad de México— El espionaje de particulares, a través de la geolocalización en tiempo real de sus celulares sin permiso judicial, no ha tenido como resultado ejercicios de acción penal en Chihuahua, informó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
“La gran mayoría de los casos se han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable comisión de un delito”, señaló.
A nivel nacional, de 2013 a 2015, se iniciaron 6 mil 529 averiguaciones previas en las que se utilizó alguna medida de vigilancia mediante la geolocalización celular, pero sólo en 572 casos se ejerció acción penal, reportó la organización.
En el mismo periodo, la Fiscalía de Chihuahua no reportó la judicialización de ninguna carpeta de investigación a partir de ese tipo de control, de acuerdo con el informe “El Estado de la vigilancia: Fuera de control”.
De acuerdo con la R3D en 2013 la Fiscalía requirió a las distintas compañías telefónicas la ubicación de 2 mil 747 dispositivos móviles, en 2014 otras mil 941 y mil 986 en 2015.
“Prácticamente la totalidad de las solicitudes fueron llevadas a cabo sin autorización judicial”, según la investigación realizada con recursos de la fundación Open Society.
“La expansión de las facultades legales y tecnológicas para implementar medidas de vigilancia sobre la población, ha descansado, en gran parte, bajo argumentos que sostienen que éstas herramientas son indispensables para alcanzar objetivos legítimos del Estado como lo son la seguridad y el combate a la impunidad”, indica.
Agrega que “bajo esa lógica no soportada en evidencia, también se ha intentado justificar la eliminación de contrapesos institucionales y controles democráticos mínimos a la vigilancia”.
“Se ha argumentado que el control judicial y otras medidas encaminadas a detectar, prevenir y evitar abusos a través de la vigilancia, son obstáculos innecesarios a la celeridad (rapidez) y efectividad de investigaciones”, indica.
“Los datos obtenidos demuestran que la inmensa mayoría de las averiguaciones previas en las que se ha utilizado alguna medida de vigilancia no se ha ejercido acción penal alguna”, concluye.
A nivel nacional, de 2013 a 2015, se iniciaron 6 mil 529 averiguaciones previas en las que se usó vigilancia por geolocalización, pero sólo en 572 se ejerció acción penal