Patricia Mayorga/
El Diario
Chihuahua— El coordinador ejecutivo del gabinete del gobierno estatal, Gustavo Madero Muñoz, y la secretaria de la Función Pública, Rocío Steffany Olmos Loya, dieron a conocer los primeros indicios de la corrupción de la administración del exgobernador César Duarte Jáquez y denunciaron que en el primer mes de gobierno de Javier Corral Jurado, han constatado que las denuncias ciudadanas que se hicieron durante el sexenio pasado, han sido superadas con la investigación en cuentas de banco, bases de datos, registros administrativos, archivos, oficios, contratos o ausencia de los mismos.
Los actos de corrupción que han encontrado, “son ejemplos del desprecio que se tuvo por la ley y la ética pública, del abandono de instituciones, de beneficio y enriquecimiento ilícito de unos cuantos a costa de la mayoría, son niveles de corrupción sin precedentes. El Inegi ubicó a Chihuahua como el segundo estado más corrupto del país, mucho más que Veracruz, con 36 mil 432 actos de corrupción por cada 100 mil habitante y en un mes confirmamos que las denuncias ciudadanas no sólo se comprobaron, sino la corrupción es mayor que la percibida por los ciudadanos”, dijo Olmos Loya.
Las acciones irregulares que han encontrado, en varios casos, son constitutivos de denuncias penales y administrativas, porque dañaron la moral pública y afectaron la calidad de vida de los chihuahuenses, dijo Madero Muñoz.
“El compromiso es sancionar los actos de corrupción y resarcir el daño patrimonial”, insistió y explicó que serán cuidadosos de la estrategia para no violar el debido proceso y la presunción de inocencia, que pudieran echar abajo los procedimientos.
‘Favorecieron a proveedores’
Rocío Olmos informó que el modus operandi de la administración duartista fue la violación de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, ya que dividían las licitaciones que deberían ser públicas, en tres o más adjudicaciones directas para favorecerse o favorecer a personas allegadas.
La funcionaria explicó que la adjudicación directa es para casos extraordinarios, la administración pasada otorgó más del 60 por ciento del presupuesto a través de adjudicaciones directas, a proveedores que no tuvieron oportunidad de participar en concursos abiertos. De casi 5 mil millones de pesos, sólo 2 mil millones fueron licitados públicamente, es decir, 2 mil 900 millones se ejercieron sin garantizar condiciones en cuanto precio, calidad y funcionamiento que se hubiesen obtenido en licitaciones públicas.
En diferentes dependencias y en redes de funcionarios y proveedores crearon empresas fantasmas para contratar supuestos bienes y servicios, “la creación de nuevas empresas eran sólo para recibir esos pagos, porque no registran actividad antes ni después de los pagos, en muchos casos las creaban una tras otra, para ese fin. Los montos de esas operaciones varían, una sola Secretaría registró pagos de más de 500 millones de pesos”.
Rocío Olmos denunció además, que de manera ilegal se vendieron bienes públicos a personas cercanas al exgobernador César Duarte, a precios “ridículamente bajos”, con lo que afectaron el patrimonio del estado, porque ofrecían precios 20 veces inferiores a los costos del mercado, mediante contratos que beneficiaron a particulares.
El gobierno de Duarte vendió más de la mitad de las reservas territoriales con las que contaba gobierno, al final de su administración.
Otro acto de corrupción que evidenciaron, es que durante todo el sexenio, obligaron a los servidores públicos que tenían mandos medios y superiores, a otorgar por lo menos el cinco por ciento de sus compensaciones y la Secretaría de Hacienda entregaba ese recurso al PRI. En total sumaron 100 millones de pesos.
Los funcionarios dijeron que el PRI no esperaba perder la elección pasada y luego de su derrota, durante el período de transición, renunciaron 500 personas, presumiblemente aviadores. “En muchos de los casos no fue posible identificar qué funciones realizaban, no obran registros de su asistencia, no aparecen en comunicaciones oficiales y no son identificadas por quienes sí laboran en esas áreas”, informó la secretaria de la Función Pública.
Rocío Olmos dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación entregó al gobierno estatal 30 pliegos de observaciones y un número mayor de responsabilidades, que no fueron atendidas ni sancionadas por la Contraloría del Estado.
Madero dijo que no se metieron con la figura o con el caso personal de César Duarte, que manejan con plena reserva y con el cuidado que se requiere, en cuanto a los beneficios que éste obtuvo siendo gobernador.
La mayor parte la información que han obtenido ha sido gracias a que trabajadores de Gobierno han colaborado, por lo que las autoridades garantizaron que son parte del proyecto para continuar en su trabajo, pero hay casos como el personal de confianza u otras situaciones que deben revisar de manera particular para valorar la condición laboral de cada uno.
Madero Muñoz dio a conocer el calendario de ruedas de prensa que efectuarán las siguientes dos semanas con los secretarios del gabinete, quienes informarán de manera específica en qué estado recibió cada uno su respectiva dependencia.
El lunes inicia el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien dará a conocer la situación de la deuda pública, bursatilizaciones, entre otros; el miércoles 9 de noviembre darán a conocer la situación en materia social, los secretarios de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra; de Salud, Ernesto Ávila, y la comisionada de los Pueblos Indígenas.
El jueves se dará a conocer la situación en materia económica, por los secretarios de Economía e Innovación, Alejandra de la Vega; Rubén Chávez Villagrán, de Desarrollo Rural y Ana Luisa Herrera Lazo, del Trabajo y Previsión Social.