El Diario de Chihuahua
2016-11-04Chihuahua— Varias reformas propuso ayer el coordinador de diputados del PAN, Miguel la Torre, para obligar a hacer transparente el proceso de selección de jueces y magistrados para el Poder Judicial, ya que los nombramientos hechos con anterioridad fueron con criterios discrecionales, acusó.
Además de entrar en vigor las modificaciones, se quitaría por decreto al magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes, exdiputado del PRI y ligado con el exgobernador César Duarte, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo encargo finalizaría hasta octubre del 2017. En tanto que el tiempo para ocupar la presidencia de ese poder bajaría de 4 a 3 años.
Dio a conocer que las evaluaciones de conocimientos tienen que ser específicas y que permitan conocer a fondo el perfil del juez y magistrado a designar, y a la vez tener entrevistas públicas con los aspirantes a esos encargos. También que sean electos por dos terceras partes del Congreso del Estado y no por mayoría simple como ocurre actualmente.
Así lo señaló en referencia al proceso llevado en el sexenio pasado, cuando la mayoría de diputados del PRI en el Legislativo avaló, sin una consulta previa ni exámenes de oposición, a nuevos magistrados y jueces, entre los que se encontraban decenas de exlegisladores del PRI y funcionarios del gabinete de Duarte Jáquez, lo que provocó amparos en contra pero hasta la fecha todos ellos se mantienen en sus encargos.
El diputado del PAN, Miguel la Torre dijo que los concursos para designación de jueces deben ser totalmente apegados a principios de transparencia y que el resto de la sociedad participe y que estén integrados por toda la población.
“Todo es con el objetivo de que se tenga más claridad, porque es un poder judicial, sumamente cuestionado y que viene el nombramiento de más de 70 juzgadores, donde sino se tiene transparencia, vamos a tener una incertidumbre jurídica sobre cómo se imparte la justicia en Chihuahua”, puntualizó.
Subrayó que para la elección de nuevos miembros del Poder Judicial debe tomarse en cuenta la participación de las fiscalías, las policías, las barras y colegios de abogados, en las defensorías de oficio, en los tribunales federales, que son los que revisan mediante el juicio de amparo, las resoluciones de los jueces estatales.
Como también las comisiones de derechos humanos, las universidades, los organismos empresariales y las asociaciones encargadas de proteger los intereses de las víctimas.
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