F. Chávez/P. Mayorga/
El Diario
Aspectos menores como cambio de aceite o reparación de frenos, son motivo para que decenas de unidades de la Fiscalía General del Estado (FGE) estén varadas en talleres, afectando con ello el patrullaje de seguridad en la ciudad, la investigación de delitos y el combate a los grupos criminales.
Agentes de la Policía Ministerial en la Zona Norte, comentaron a El Diario a condición del anonimato, que han tenido que reparar con su dinero las patrullas dañadas, pues de no hacerlo, se quedan sin transporte para realizar su trabajo.
Con la carga laboral que los oficiales han tenido tras los 14 homicidios registrados en los últimos tres días, las camionetas –tipo Ram y Silverado usadas por los ministeriales– han comenzado a calentarse debido a los largos trayectos para llegar a las escenas del crimen, revelaron.
“No hay mantenimiento para frenos, para partes… gasolina le estamos poniendo nosotros. La mayoría (de las fallas) son cosas simples: cambio de aceite o una bobina”, dijo ayer un elemento investigador.
Casi la mitad de las patrullas de la Fiscalía están inactivas por falta de mantenimiento y gasolina, reveló el martes pasado el fiscal César Augusto Peniche Espejel, luego de ser ratificado en ese puesto por el Congreso del Estado.
“Tenemos parado cerca del 40 por ciento del parque vehicular, cientos de patrullas; en el área administrativa no hay recursos”, dijo el funcionario.
El pasado 3 de agosto El Diario documentó que el recorte de presupuesto dentro de la Fiscalía orilló a que agentes preventivos de la Policía Estatal Única (PEU), dejaran de atender emergencias.
Desde hace seis meses la FGE bajó la intensidad de sus patrullajes y en consecuencia sus elementos quedaron replegados en las oficinas debido a que los pocos recursos no alcanzaban para cargar de combustible las unidades, reveló una auditoría hecha por la firma nacional Profesionales en Administración Pública S.C. (PAP), contratada por el gobernador Javier Corral.
Policías ministeriales refirieron que la falta de recursos, que se traduce en unidades con fallas, afecta directamente su trabajo, pero sobre todo en los tiempos de respuesta para investigar los crímenes.
Comentaron que los principales desperfectos son los frenos, horquillas, rótulas, teniendo ellos que comprar las piezas y repararlas. Las que no tienen arreglo, simplemente son varadas en el corralón de la Fiscalía, que está en la Carretera Panamericana, pasando la glorieta del kilómetro 20.
“La mía (unidad) tiene ya para un año y medio o dos años (sin funcionar) y la metí por cambio de bobina y cambio de aceite”, dijo otro agente estatal.
Peniche Espejel dijo que la administración anterior agotó su presupuesto en julio y solicitó más pero se terminó el 30 de septiembre, por lo que no hay dinero para el último trimestre de este año.
El fiscal denunció que en la última etapa del Gobierno anterior se modificaron los mecanismos para llevar las patrullas a los talleres para su reparación.
Con ese cambio se benefició sólo a dos talleres, por lo que el costo del mantenimiento se elevó de 2 mil 500 pesos a 6 mil 800, más el adeudo que tienen con gasolinas, que no especificó pero dijo que es una cantidad importante.
‘Problemas internos generaron desconfianza ciudadana’
La falta de unidades policiacas y de recursos financieros desalentó a las víctimas del delito porque inhibió la procuración de justicia, a dilatar las diligencias y hasta la búsqueda de personas, dijo la coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma Ortega.
La activista agregó que agentes asignados a determinados casos, de improviso los cambiaban a otra ciudad y dejaban el caso.
Refirió que los policías acudían sin viáticos y terminaban recaudando dinero con la ciudadanía para comer y hasta para dejar a sus familias.
“Los tres primeros años (de la administración anterior) fueron más o menos, pero los últimos tres, en todo el estado, se fueron debilitando. Había agentes que se llevaban y dejaban el caso, se los llevaban a otro municipio y ellos mismos comentaban que se los llevaban sin viáticos, pero que de perdida sacaban para el gasto, porque además tenían que traerle la cuota a los jefes”, dijo Norma Ledezma para explicar la repercusión en la justicia para las víctimas.
Esa situación, desalentó a los familiares de víctimas principalmente y generó desconfianza en la institución.
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