José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— Chihuahua es la cuarta entidad más rezagada del país en armonización normativa de protección a las garantías individuales desde la reforma constitucional que entró en vigor en junio de 2011, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La Constitución Política del Estado no contempla, entre otros principios, la obligación de sus autoridades de actuar con respeto a los derechos humanos, según la Plataforma de Seguimiento del Ombudsman nacional.
La entidad “sólo tiene armonizadas cuatro de las 11 disposiciones jurídicas” en la materia abordadas en la Constitución federal, por lo que tiene un porcentaje de armonización del 36.4 por ciento, de acuerdo con el informe.
El marco jurídico estatal incluye los principios pro persona y el de interpretación conforme a los Tratados Internacionales, así como la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales.
Además, la obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de derechos humanos.
Sin embargo, no contempla los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en la materia.
Tampoco incluye la obligación del Estado de fomentar el respeto a los derechos humanos en la educación que imparta, ni la de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a las garantías individuales, señala el reporte.
A nivel nacional, Veracruz encabeza la lista de entidades con más rezago en la armonización normativa de los derechos humanos, con 18.2 por ciento de avance; seguida de Sonora, con 27.3 por ciento; y Chiapas, con 36.4 por ciento.
Querétaro y Morelos tienen un avance de 63.6 por ciento.
Entidades como Jalisco, Sinaloa, Coahuila, Durango, Ciudad de México, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán han armonizado su legislación al 100 por ciento.
El resto de los estados tiene avances de 80 a 99 por ciento de armonización, de acuerdo con la Plataforma de Seguimiento.
“Lo que se busca es que en todo el país existan las normas sustantivas, los procedimientos, los mecanismos administrativos y las autoridades responsables que garanticen el ejercicio y disfrute de los derechos humanos a toda persona en igualdad de condiciones, señala en la presentación el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.