Patricia Mayorga/
El Diario
Chihuahua— A un año de la desaparición de siete trabajadores que colocaban una antena de la Red Nacional de Telecomunicaciones en la comunidad de Lebarón, en el municipio de Galeana, para la Fiscalía General del Estado, los familiares denunciaron las trabas que la fiscalía pone en la investigación.
Además de que el caso continúa impune, han intentado criminalizar a las víctimas y no han realizado la búsqueda de los cuerpos por falta de gasolina.
“La relevancia de este caso estriba en que los trabajadores realizaban esta obra para el Gobierno, la antena en referencia es para el servicio del Gobierno en todos sus niveles y se hacía con recursos provenientes del Gobierno de EU, como parte del acuerdo de México con Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan Mérida”, denunció Gabino Gómez Escárcega, encargado del área de desaparecidos en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
El trabajo de la instalación de la antena, era supervisada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque este aporta los recursos económicos y realiza la licitación para adjudicar las obras, explicó el activista.
Los trabajadores salieron de Chihuahua hacia el campamento en la Colonia Lebarón el 22 de agosto de 2015, en una camioneta Ford, modelo 1995, con placas EA82111, que conducía Ramón García Betance, de 45 años.
Las familias perdieron comunicación con los trabajadores el 29 de agosto del 2015, y de acuerdo con testigos, ese día vieron el campamento vacío.
Las familias refirieron que una vez que reclamaron a las autoridades la falta de investigaciones para localizar al grupo de desaparecidos, las autoridades negaron los hechos, pero cuando la evidencia los rebasó, trataron de criminalizar a los hombres desaparecidos. El fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, declaró a los medios de comunicación que los trabajadores habían sido contratados por un líder criminal de Villa Ahumada.
Y el Cedehm cuestionó: “¿Instalar una antena de Gobierno con recursos de Estados Unidos?”
Ahora, luego de un año, las autoridades justificaron que no han realizado ninguna búsqueda porque no tienen recursos para gasolina.
“Ellos son parte de las mil 799 personas desaparecidas en el estado de Chihuahua que no son buscadas”, advirtió Gabino Gómez.
“El Gobierno del Estado miente en este y muchos otros casos, miente cuando les dice a las familias que siguen buscándoles, cuando en realidad no los buscan. Miente cuando dice que no tienen responsabilidad, que trabajaban para los narcos. Miente doblemente porque el trabajo era para ellos. Le miente al Gobierno Federal, le ha informado que ya los localizaron, que por lo menos dos de ellos ya están con su familia, y ninguno de ellos ha regresado”, arremetieron los activistas.
Las familias de los hombres desaparecidos atraviesan por una severa crisis económica porque perdieron al principal proveedor del hogar y varios de ellos tienen hijos e hijas menores de edad, a quienes no han logrado cubrir las necesidades básicas.
“Las familias están abandonadas por el Estado, no se cumple con las leyes de víctimas que obligan al Gobierno a la atención humanitaria”, denunció el Cedehm.
Los desaparecidos son: Elizandro González Gardea, de 17 años; Carlos Antonio Perales Carrera de 28; Dámaso Luna Ceballos, de 45; Ramón García Betance, de 45; José Refugio Gardea, de 55; Miguel Reyes Martínez, de 55 y Bogar Uriel Marrufo Alonso, de 33.
@