José Pérez Espino/
El Diario
Ciudad de México— Aunque fue promulgada hace un mes, la reforma para sancionar a funcionarios públicos y particulares que cometan delitos por hechos de corrupción no podrá aplicarse en el caso del exdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Un artículo transitorio señala que los nuevos castigos entrarán en vigor hasta que la Cámara de Senadores nombre al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.
La designación del fiscal anticorrupción está prevista desde la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero no ha ocurrido por falta de acuerdo entre las bancadas.
Entre las modificaciones a las leyes secundarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, publicadas el 18 de julio en el DOF, se adicionó un capítulo al Código Penal Federal que por primera vez incluye sanciones a particulares que participen con servidores públicos en la comisión de ilícitos en perjuicio del erario.
En el caso del exdelegado José Luis Figueroa Jácome, cesado por tener vínculos directos con un despacho externo, corresponderá a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública determinar si corresponde aplicar los lineamientos que estén vigentes, según Herbert Mendoza Hernández, director de Servicios Legales y encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Prodecon.
La oficina central revisa los expedientes para verificar en cuáles pudo incurrir en conflicto de interés o cualquier otro ilícito.
De octubre de 2012 al 15 de agosto, la delegación estatal de ese órgano autónomo atendió 2 mil 377 quejas y reclamaciones ante diversas autoridades tributarias, de las cuales resolvió mil 959 (81.4 por ciento), además de fungir como representante legal de mil 580 pagadores de impuestos.
En ese periodo, en el que fungió como titular Figueroa Jácome, la instancia tuvo conocimiento de 11 mil 775 asuntos en total, casi las dos terceras partes en asesorías a contribuyentes (65.4 por ciento). Es decir, 7 mil 707, de acuerdo con datos de la Prodecon.
Además realizó seis consultas especializadas y atendió 105 acuerdos conclusivos, 72 que ya concluyeron. Son aquellos en los que se firma un acuerdo con la autoridad fiscal sin esperar los 12 meses que dura una auditoría y seis más para la notificación del adeudo fiscal.
El órgano autónomo tiene oficinas de atención en la capital del estado y en Ciudad Juárez.
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