P. Mayorga/O. Chávez/
El Diario
Chihuahua— Los partidos Acción Nacional (PAN) y Morena anunciaron que impugnarán la reforma constitucional electoral aprobada, en tanto que el gobernador del estado, César Duarte Jáquez, y el tricolor la defienden.
Los blanquiazules argumentan que no se escuchó el dictamen leído y que los cambios avalados son inconstitucionales.
Este lunes se aprobó poner trabas a las candidaturas independientes, aumentar el número de legisladores y subir el porcentaje de votos mínimos para acceder al Congreso.
El mandatario estatal dijo que dicha reforma es de avanzada y que no afecta con candados a las candidaturas independientes.
El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, defendió que este tipo de designaciones sean para quienes no hayan pertenecido a partidos políticos por lo menos los últimos tres años a su postulación, es decir, los “renegados”.
Expresó que la flexibilidad de aumentar la cantidad de diputados beneficia al PAN, además de que ha promovido que se le reconozca que está subrepresentado.
El mandatario recalcó que existe la posibilidad de que un ciudadano contienda en los próximos comicios, pero es importante que se establezca si pertenece a un partido o es independiente.
Por su parte, el presidente parlamentario del PRI, Rodrigo De la Rosa, explicó que el PAN no hizo ninguna propuesta para la reforma y por lo tanto le parece injustificado el reclamo que hace.
Sobre el tema, César Jáuregui, coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Congreso, explicó ayer en conferencia de prensa que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la sesión en la que se aprobó la llamada “ley anti-Bronco”, ya que no se escuchó el dictamen leído y el contenido es anticonstitucional.
Dijo que las trabas que colocaron a las candidaturas independientes van contra el derecho de los ciudadanos a contender en una elección pública.
Expresó que la fracción que encabeza se opone a que aumente el número de diputaciones debido a que sólo es para beneficiar a los partidos con menos sufragios, los cuales tienen como requisito alcanzar el 2 por ciento de la votación total, lo que resulta una cifra baja, considerando que en la Ley Federal el porcentaje mínimo es del 3 por ciento.
Mencionó que los elementos que presentarán ante el órgano judicial son suficientes para que la reforma aprobada quede sin efecto, mientras que el tema de la Ley Electoral quedó pendiente para la sesión extraordinaria.
“Por lo menos eso nos dará tiempo para revisarla y evitar que la aprueben de manera rápida. El PRI trata de pasar las reformas con el menor costo político, pero el tema de lo que pretendieron hacer en el Congreso con la reforma atrajo la atención de otras partes del país”, indicó.
Añadió que especialistas que trabajaron el tema de las candidaturas independientes en Nuevo León les ofrecieron su apoyo, para que se pueda proceder legalmente.
El pronunciamiento de Acción Nacional fue realizado en una conferencia de prensa en la que estuvo el presidente del partido en el estado, Mario Vázquez.
En una sesión enmarcada por la protesta de los legisladores panistas, el pasado lunes el Congreso del Estado avaló poner “candados” a las candidaturas independientes y que los partidos obtenga 2% de votación mínima para acceder al Congreso, y el 3% para que tengan derecho a prerrogativas.
La “ley anti-Bronco” (llamada así por el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón alias “El Bronco”, quien contendió sin el aval de un partido político) también contempla subir de 33 a 36 el número de diputados cuando los partidos estén subrepresentados en el Legislativo.
El líder de Morena en Chihuahua, Víctor Quintana Silveyra, anunció ayer que también impugnarán la reforma y exigirán una consulta ciudadana ya que señaló que lo avalado por el Congreso es anticonstitucional.
Destacó que su postura es la de respetar el derecho de los ciudadanos de ser votados, además de que recalcó que cualquier reforma constitucional debe pasar por una consulta, la cual no se realizó en este caso.
Agregó que el partido que encabeza exigirá ante el órgano judicial que se hagan valer los derechos de los ciudadanos.
Sobre el tema, el diputado priista Eloy García Tarín –quien se abstuvo de votar en la sesión del lunes– mencionó que existen todos los elementos para que proceda una controversia constitucional.
Justificó que no conocía el dictamen y que por su trascendencia constitucional no podía avalarla. (P. Mayorga/O. Chávez / El Diario)
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