Salud Ochoa/
El Diario
Chihuahua– Roberto era empleado en una tienda de conveniencia, pero un día fue despedido de manera injustificada, dice, por lo que optó por demandar a dicha empresa, ya que, además, asegura “no me querían pagar lo justo por todos los años que trabajé”.
La demanda prosperó y finalmente llegó a un acuerdo con la parte patronal, pero conseguir un nuevo empleo se le ha dificultado mucho, ya que ahora forma parte de las llamadas “listas negras de trabajadores indeseables” que, de acuerdo con información de Roberto, “circula entre los empresarios para que éstos vean quiénes son los trabajadores que en algún momento hemos interpuesto una demanda y eviten contratarnos”.
Sin embargo, dice el entrevistado, “me parece que no es correcto o legal que se dé a conocer el nombre de quienes estamos o hemos estado inmersos en un proceso laboral porque se nos está perjudicando a futuro, ahora ¿ya no vamos a poder trabajar?”, cuestiona.
Nora Liliana Pérez Cereceres, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, señala que efectivamente se tiene conocimiento de dichas listas aunque “no sabemos quién las elaboró o de dónde hayan salido”.
Sin embargo, explica, fue a partir del año pasado cuando tomaron nota de ello debido a que “la gente venía y preguntaba que si nosotros entregábamos esos listados y entonces nos dimos cuenta que, cuando inicia una demanda la información se publicaba y todos podían revisar esa publicación, por lo que tratamos de cubrir a los trabajadores e impusimos el “secreto” contra tal empresa.
Explicó que lo que se hacer es omitir el nombre del empleado y se le asigna un número”. Pero, agrega, la junta también tiene la obligación de cumplir con los requisitos del Ichitaip entre los que se incluyen el número de expediente, nombres de las partes y el asunto del que se trata.
Por tanto, explica, “aunque cuando inicia el juicio ponemos ‘secreto’, al momento de radicarlo, tenemos que poner el nombre del trabajador porque estamos obligados por la ley”.
Pérez Cereceres agrega que “los mismos trabajadores han venido y nos piden que les demos una carta de que han llegado a un acuerdo o que se desistieron de la demanda”. Estas solicitudes, dice, han sido recurrentes a partir del año anterior cuando empezó a presentarse la situación, pero “además muchos gremios saben quién los demanda a ellos y se pasan los datos, no se sabe realmente cómo están circulando esas listas”.
En cuanto a las medidas que se pudieran tomar para proteger a los trabajadores, la entrevistada dice que “se ha reducido el número de personas que pueden revisar la información permitiendo la entrada a la Junta sólo a las partes y a los abogados”.
Además, mencionó, que en ocasiones sí les damos un estatus de su juicio para que vayan a la empresa y muestren si hicieron convenio o si desistieron de la demanda, porque no sabemos si en su momento el patrón demandado era malo con el trabajador.
Directamente con las empresas no podemos hacer nada porque ellas saben a quién contratan y a quién no, nosotros lo único que podemos hacer es proteger la identidad de las personas, señaló.