Patricia Mayorga
El Diario
Chihuahua— Para el abogado Carlos Spector, la estrategia del Gobierno federal respecto de las detenciones de los líderes criminales de regiones estatales, es mediática, ya que buscan aprehender a los que les son incómodos porque el grado de impunidad es tal, que los mismos habitantes los señalan reiteradamente.
Spector dio a conocer que hace meses, Mexicanos en Exilio presentó denuncias formales directamente contra “El Papacho” y “El Chuyín”, y entre los demandantes estaba la familia Porras de Villa Ahumada y el ex representante del PRI en Guadalupe Distrito Bravos.
Con esa denuncia y otras que se han acumulado por pobladores y otras personas exiliadas, suponen que las autoridades actuaron, ante la inminente exhibición de esos criminales.
Sin embargo, cuestiona por qué no se abate la corrupción e impunidad desde las corporaciones.
Explicó que basado en los clientes que tiene, exiliados Villa Ahumada y El Valle de Juárez principalmente, deducen que “El Papacho” y “El Chuyín” habían sido señalados durante cinco o seis por la gente de los pueblos en los que se movían, todos conocían que eran los encargados de la región.
Luego de las últimas familias exiliados de esas regiones y de que se hizo más evidente el daño que hicieron esos líderes delictivos, les resulta posible que se trata de una campaña mediática y política para demostrar a los habitante que sí los toman en cuenta, pero el problema es que de inmediato son suplidos por otros jefes.
“La estrategia me parece, es eliminar a los elementos que han causado problemas y se han convertido en elementos incómodos”, señaló el abogado especialista en migrantes.
Explicó que no se puede decir que es un esfuerzo para eliminar a La Línea en la entidad, porque El Papacho pertenece al cártel de Sinaloa, ya que llegó a suplir a Gabino Salas Valenciano “El Ingeniero”.
Y ahora, los pobladores de El Valle y los mismos exiliados, conocen que regresó Miguel Ángel Reyes Salazar a esa región, quien era el brazo derecho del “El Rikín Ecajeda”.
Spector refirió que cuando desaparecen a Miguel Ángel Reyes Salazar, su misma familia pidió que si lo habían detenido y era un criminal, que lo juzgaran, pero el problema es que nadie daba información sobre él y no le imputaban cargos.
Por ese motivo, la familia comenzó a manifestarse por los procedimientos de los elementos del Operativo Conjunto Chihuahua, protestas que provocaron la escalada de violencia contra la familia, que perdió a siete integrantes.
En ese lapso, “nombran al cártel de Sinaloa con elementos del Ejército, acusan a ese grupo delictivo de matar a los Reyes por el hecho de que protestaron por el caso de Miguel Ángel (...) recientemente llega ‘El Sapo” acompañado de elementos de la Policía Federal y según elementos de su caso, estuvo en penales de Tamaulipas y en Coahuila, lo sacan y luego aparece como encargado de La Línea, es señalado por muchos”; asegura el abogado.
Explicó que la familia Reyes no responde por él, no lo critican no tienen nada que ver con él y pidió no caer en “la narrativa” del Gobierno, quien pretende desacreditar a familias cuando un integrante está relacionado con la delincuencia organizada, porque en gran cantidad de familias hay alguien que opera en algún grupo delictivo.
“El esfuerzo (de las autoridades) es identificar a los líderes en los pueblos y eliminar a los incómodos que ya es imposible ocultar, creo que esa es la estrategia nueva”, opinó.
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