Orlando Chávez Echavarría
El Diario
Chihuahua— El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, comentó que la decisión del Gobierno de Baja California Sur de expulsar a los trabajadores tarahumaras de su territorio es una violación de los derechos de los ciudadanos mexicanos a permanecer en cualquier parte del país.
Expresó que es grave que un Gobierno estatal haya tomado una decisión de retirar a indígenas de manera arbitraria.
Funcionarios de Baja California Sur expusieron que el Gobierno de aquel estado propuso que ambas entidades se encargarán de retirar a los jornaleros, sin embargo, las autoridades de Chihuahua se negaron, y expusieron que solamente actuarían así si los trabajadores lo solicitaban.
Armendáriz comentó que en caso de que haya sido el Gobierno de Baja California el que decidió sacar a los tarahumaras de su territorio sería motivo de una queja formal ante el organismo, debido a que todos los mexicanos tienen el derecho constitucional del libre tránsito.
Indicó que sería grave que un Gobierno actúe para afectar a ciudadanos que solamente acuden a trabajar de manera legal.
Por su parte, personal del Gobierno del Estado de Chihuahua que atendió el caso, comentó que la postura de las autoridades de Baja California Sur era que en una acción coordinada retirar de las zonas de producción a los indígenas que se quedaron a trabajar, y cuando las autoridades chihuahuenses se negaron, optaron por sacarlos por su cuenta.
Los primeros 62 jornaleros tarahumaras llagarán hoy a Chihuahua para ser trasladados a Cuauhtémoc, en donde fue posible conseguirles trabajo en una empresa procesadora de manzana, mientras que 43 permanecen en Sinaloa.
José Luis García, secretario de Desarrollo Social de Chihuahua, comentó que se espera que los camiones con los trabajadores lleguen a esta capital, para ser traslados a Cuauhtémoc, donde ya tiene un trabajo.