Martín Orquiz
El Diario
Luego de convertirse en precursora de la defensa de los derechos humanos en la Sierra de Chihuahua durante la década de los 80, Emilia González Tercero llegó a Ciudad Juárez en el 2003, donde estaban sus hijos, porque su estado de salud le impidió seguir con esa ardua tarea.
Una noche del 2008 que estaba acostada viendo televisión se enteró que la activista juarense, Cipriana Jurado, había sido detenida por militares con una orden de aprehensión acusada de obstruir los puentes internacionales un año antes, enseguida aventó las cobijas y se enroló de nuevo en la tarea de apoyar a víctimas de las fuerzas gubernamentales.
“No podía estar aquí como si no estuviera pasando nada, entonces comencé a involucrarme en estas situaciones. Me tocó una época terrible”.
Debido a su actividad, González Tercero fue elegida como la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, otorgado por la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
A sus 69 años y con problemas serios de salud, la activista de voz pausada y apariencia tranquilla llama con energía a los ciudadanos y a los defensores de los derechos humanos a no callarse ante “el momento de crisis” que se vive en el país y, en particular, en Chihuahua, uno de los estados más peligrosos para quienes asumen ese papel.
Mientras ella hace “lo que puedo” para defender a la gente vulnerable, se describe a sí misma como un “puente” entre el pasado y el presente en la historia de la lucha en contra de los abusos de poder y la impunidad, fenómenos que tienen al país desmoronándose.
“Lo que está pasando ahorita en Ayotzinapa y en otros lados, es lo que pasaba en la Sierra de Chihuahua. Estamos viviendo las épocas más terribles que se han vivido en este estado”.
Desde su perspectiva, la simulación ha crecido en medio de la corrupción en todos los sentidos, así que vislumbra que el foro del reconocimiento que le será otorgado el próximo 6 de febrero en la ciudad de México será una buena tribuna para exponer la denuncia sobre los derechos humanos en este país.
Recordó que las entidades consideradas más peligrosas para los defensores de los derechos humanos son Chihuahua y Coahuila, incluso en la actualidad se impusieron medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dos personas: ella misma y Lucha Castro. Hay otras 34 cautelares para chihuahuenses, pero muchos prefieren no hacer pública su situación.
Enfatizó que percibe en el gobierno actual, tanto en el municipal, el estatal y el federal, una actitud similar a la del siglo pasado.
“Le habla a la gente como se les hablaba hace 30 años, pero veo con mucha esperanza que entre los cambios fuertes está un despertar de la sociedad, veo que la gente no les cree nada y se atreve, de alguna manera, a pedir cuentas. No piden favores, exigen atención”, dijo.
El actual momento de crisis puede ser uno de cambio, pero la lucha por los derechos humanos es una muy larga, por eso el reconocimiento que le otorgarán será para todas aquellas personas que han luchado contra el poder gubernamental, para las víctimas de desaparición forzada y para sus familiares que no han dejado de lado su búsqueda.
Recordó que la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) se formó como asociación civil en noviembre de 1989 a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos en la sierra Tarahumara, sobre todo contra la población más vulnerable: indígenas y mestizos pobres con el pretexto de combatir el narcotráfico.
El obispo José Llaguno convocó a la sociedad civil para formar esta asociación, que fue una de las primeras en su género de la República Mexicana, mientras que en Baborigame el padre Pancho Chávez había empezado a pensar en una manera de defender los derechos de los indígenas y de toda la gente amolada.
Así fue como la activista nacida en la capital del estado se constituyó en defensora popular, principalmente por su capacidad de indignación ante los hechos que afectaban a los más vulnerables desde el ámbito de las organizaciones religiosas, que a la par con las de izquierda comenzaron a pelear por los derechos humanos.
“Comenzamos en ese caminar y comienzan las denuncias serias, la primer campaña fue ‘Tortura no más’, porque a nadie se le hacia raro que la tortura fuera un método de investigación, hasta que se empezó denunciar en las plazas de armas, a donde llega la gente a dar testimonios”, mencionó.
Con operaciones militares como las denominadas “Cóndor” o “Marte” se cometieron violaciones que fueron terribles, casos muy graves que la gente fue exponiendo ante Cosyddhac, porque entonces no había ante quien denunciarlas.
“En Chínipas la gente hablaba a media voz porque los militares colgaban con alambres a las personas de las vigas”, recordó. “Fue difícil, pero encontramos una valentía en las personas”.
El primer caso grave que se toparon en 1989 fue el de un muchacho Tepehuán que se llamaba Emiliano Olivas, quien murió por tortura por parte de la policía.
“Lo aventaron del tercer piso de un hotel de Guadalupe y Calvo, la dueña habló y dijo: ‘si vienen yo declaró’. Que valentía, luego se demostró que había sido torturado y se demostró que lo tiraron vivo”, señaló.
Aunque ahora está enferma de nuevo, Emilia sigue participando en la investigación de casos de desaparición “haciendo lo que se puede y siendo muchas veces la relación entre el pasado y el presente”.
Actualmente pertenece al grupo de Articulación y Justicia en Juárez.
Daniel Ponce Vázquez, director de Vinculación del Conapred, señaló que el trabajo desarrollado por la chihuahuense del 2008 a ahora, así como su trayectoria anterior, la hicieron acreedora a la distinción.
Explicó que desde el 2008 Gilberto Rincón Gallardo, fundador de la Conapred, instauró los premios nacionales para el combate a la discriminación, por lo que este año la Asamblea Consultiva del organismo, integrada por 20 miembros de la sociedad civil mexicana, decidió otorgar el premio en la categoría nacional a González Tercero.
“Aunque se premia la trayectoria, desde el 2010 Emilia ha estado muy vinculada a los tema de protección a las víctimas de desaparición forzada más relevantes en el estado y en el país, es el aspecto que consideró la Asamblea Consultiva como lo más relevante de su trayectoria, pero ella está trabajando desde la década de los 80”, dijo.
Consideró que la valentía de González Tercero es una parte del capital social que se debe reconocer y fomentar porque, desafortunadamente, en las condiciones del país este compromiso muchas veces se paga hasta con la vida.
El reconocimiento constará, además del evento público, de una medalla de edición especial conmemorativa, acordada con la embajada de Sudáfrica, que denominada “Premio 2014 Nelson Mandela”, fabricada en plata editada por la Casa de la Moneda de México, pieza hecho ex profeso para reconocer el activismo pro derechos humanos.
Ponce informó que la chihuahuense comparte el premio con las Casas del Norte de Protección a Migrantes, con una de las comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz. Además se otorgará un premio póstumo dedicado a Carlos Monsivais.
La activista de voz pausada y apariencia tranquilla llama con energía a los ciudadanos y a los defensores de los derechos humanos a no callarse ante el momento de crisis que se vive en el país, y en particular en Chihuahua, uno de los estados más peligrosos para quienes asumen ese papel