Jaime Armendáriz
El Diario
Chihuahua— El Congreso local aprobó un acuerdo de reforma Constitucional enviado por el Congreso de la Unión, para establecer que se garanticen las elecciones de pueblos indígenas para designar a sus propios gobernantes.
Dicha elección, se especifica, deberá ser de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.
Actualmente se permite elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siempre y cuando se garantice la participación de las mujeres en condiciones de Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Pero además buscan agregar que “las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados”.
La reforma avalada en Chihuahua, y que tendrá que aprobarse también por otras entidades para regresar al Congreso de la Unión, establece que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
La diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas en el Legislativo, Mayra Díaz Guerra, enfatizó que con ello se pretende armonizar el sistema jurídico en materia de derechos humanos, entre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, como aquellos derechos a la igualdad entre mujeres y hombres.
Refirió que esa adición a la ley mexicana es motivada especialmente por el informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de discriminación de que fue objeto la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, de Santa María Quiegolani, Oaxaca, quien promovió la iniciativa que originó la modificación discutida a nivel nacional.
Eufrosina Cruz Mendoza fue limitada en el ejercicio de sus derechos político electorales, por la autoridad de su municipio, bajo el argumento de la aplicación de usos y costumbres, durante la Asamblea Comunitaria celebrada el 4 de noviembre de 2007, en la que fue electa alcaldesa de Santa María Quiegolani.
Su triunfo fue anulado por estipular que las leyes tradicionales establecían que las mujeres no podían ser electas al cargo, propiciando con ello “la transgresión de sus derechos humanos, los cuales están debida y completamente protegidos por la legislación nacional y los tratados internacionales”, refiere la exposición de motivos de la minuta avalada en Chihuahua y a nivel nacional.
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