Patricia Mayorga
El Diario
Chihuahua— De 320 quejas contra la Fiscalía General del Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), este organismo sólo emitió siete recomendaciones durante este año, de las que tres son de Juárez y el resto de la Zona Centro Sur.
La recomendación 14/2014 indica que una madre de familia de Ciudad Juárez se quejó de que agentes de la Policía Estatal Única ingresaron ilegalmente a su vivienda, la agredieron físicamente junto con su esposo, quien fue detenido en forma ilegal y posteriormente torturado.
“Del proceso de investigación, las evidencias arrojaron que existen datos o elementos para presumir probable violación al derecho a la integridad y seguridad personal en la modalidad de lesiones, uso ilegal de la fuerza y tortura; en contra del derecho a la libertad personal, en la modalidad detención ilegal y contra el derecho la privacidad, en la modalidad de allanamiento de morada”, determinó la CEDH en contra de la fiscalía.
En la recomendación 6/2014 evidencian que luego de seis años de que su vivienda fue destruida por autoridades y de que se interpuso la denuncia penal, un padre de familia en Juárez se quejó por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por varios funcionarios públicos.
La CEDH indica en la recomendación que encontró elementos suficientes para presumir violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica por la integración de la carpeta y pérdida de expedientes, así como dilación en el caso.
La recomendación 05/2014 es por el caso de una empresaria juarense que interpuso una queja porque fue evidenciada como delincuente en medios de comunicación, sin ser sometida a un proceso judicial.
La Fiscalía del Estado con la leyenda: “Se apoderó de dos millones y medio de pesos al defraudar a su socia”, cuando nunca fue aprehendida por la autoridad, aseguró que la información es falsa y dañaron su nombre.
La CEDH determinó que existe presunta violación al derecho a la privacidad en la modalidad de revelación de datos personales durante un proceso administrativo o jurisdiccional y contra el derecho a la legalidad en la modalidad de la negación de presunción de inocencia.
Las otras recomendaciones hechas a la FGE, se registraron en los municipios de Saucillo, Rosales y Chihuahua, por tortura, lesiones, por falta de investigación, indefensión de las personas detenidas, entre otras.