Estado

Duplican diputados cobro por notificación de adeudos vehiculares

El Diario de Chihuahua

2014-12-19

Chihuahua.- La simple notificación de un crédito fiscal por parte de la autoridad estatal hacia los contribuyentes, generará un cargo por concepto de “diligencia” de dos salarios mínimos.
Es decir, ahora costará 127 pesos en Chihuahua capital y 134 pesos en Ciudad Juárez, según aprobaron los diputados locales mediante reformas al Código Fiscal del Estado.
Ello representa un aumento del doble, ya que actualmente la norma establece un cobro de un salario mínimo por notificación de crédito fiscal, según indica el segundo párrafo del artículo 334 de ese código. “…por la notificación de un crédito fiscal se causará el importe de un día de salario mínimo por concepto de gastos de ejecución”.
En tanto que con la reforma se agregan varias fracciones a ese articulado, entre ellas la fracción número II, que cita textual: "Por la diligencia de notificación de un crédito fiscal se causará el importe de dos días de salario mínimo vigente en la entidad, por concepto de gastos de ejecución”.
De igual forma modificaron el Código Fiscal para desvincular la tarjeta de circulación con las placas, es decir, que ésta será entregada al momento del pago de Revalidación Vehicular de manera anual, pero sin costo adicional. En tanto se estableció una extensión de validez para las placas 2011, debido a que el próximo año no se cambiará ese documento vehicular.
Por otro lado se reduce en general los gastos de ejecución, de un 5 al 2 por ciento, como lo prevé actualmente la Federación y la mayoría de los estados.
El dictamen avalado indica que actualmente se cobran los gastos de ejecución por cada uno de los actos de requerimiento, embargo y remate de los bienes del contribuyente en el procedimiento administrativo de ejecución, por lo que éste se homologa en un solo cobro.
“La reforma en los términos que se presenta, permite adecuar las disposiciones fiscales que resultan aplicables a este tipo de procedimientos y aligerar la carga de los contribuyentes; políticas fiscales dirigidas a brindar mejores condiciones de regulación y administración de los impuestos y derechos fiscales, respecto de las cuales nuestra entidad no debe ni puede asumir una actitud pasiva e indiferente”, consigna el documento.

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