Patricia Mayorga
El Diario
Chihuahua— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a audiencia a familiares de los tres primos Alvarado, privados de la libertad por militares y quienes hasta ahora no aparecen, con el fin de escucharlos.
Durante la audiencia, también habrá de recibir del Estado mexicano la información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas en ese asunto y así como el caso Luz Estela Castro Rodríguez.
El 26 de julio de 2011, la CIDH recibió la petición de varias organizaciones no gubernamentales de Chihuahua, en la que se alega la responsabilidad del Estado mexicano por la presunta detención en el 29 de diciembre de 2009 y posterior desaparición forzada de los primos Nitzia Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, así como en la falta de investigación efectiva y debida diligencia en cuanto al caso.
Denunciaron que el Estado tendría responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los familiares de las víctimas como consecuencia de la búsqueda de los tres primos.
En el periodo 106 ordinario de sesiones de la CIDH fue citado el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), representante legal de la familia Alvarado Reyes, para celebrar una audiencia pública conjunta sobre las medidas provisionales ordenada a las familias de las tres personas desaparecidas y a la defensora Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm.
Los tres primos fueron privados de la libertad de manera forzada el 29 de diciembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura; hasta ahora no se ha realizado una investigación eficaz para dar con su paradero ni para juzgar y condenar a los responsables del crimen.
Los familiares emprendieron diversas acciones para buscar a los tres y para exigir que se esclarezcan los hechos, pero también fueron amenazados, perseguidos y sufrieron allanamiento ilegal de sus propiedades.
Esa situación, los obligó en 2013 a solicitar asilo político en Estados Unidos.
En marzo de 2012, la CIDH otorgó las medidas provisionales MC 55-10 a favor de Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel, para requerir al Estado mexicano que le informar sobre su paradero, su estado de salud y la situación de seguridad en la que se encontraban.
Le solicitó también informar de las acciones realizadas por las autoridades estatales para investigar los hechos que motivaron la adopción de medidas cautelares y lograr su esclarecimiento.
En mayo de 2010, la CIDH solicitó medidas cautelares provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que posteriormente se han ampliado para requerir al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de 36 familiares de las víctimas y sus representantes.
Sobre el caso Castro Rodríguez, que está relacionado con la situación de riesgo en perjuicio de Luz Estela Casto, en el estado de Chihuahua, porque ha sido amenazada y hostigada por su labor como defensora de derechos humanos, acciones que se incrementaron en noviembre de 2012.
El Cedehm destacó que en Chihuahua existe un clima de amenazas, hostigamientos, campañas mediáticas de desprestigio y criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos y especial riesgo para quienes denuncian activamente los casos de violencia.
El 13 de febrero de 2013, la Corte ordenó al Estado mexicano que adopte las medidas que fueran necesarias y efectivas para evitar daños a la vida e integridad personal de Castro Rodríguez y el tribunal ha emitido resoluciones en ese sentido, el 13 de febrero y el 23 de agosto de 2013.