Patricia Mayorga
El Diario
Chihuahua– El juzgado décimo de Distrito aceptó el amparo promovido por la magistrada de la Sexta Sala Penal, Rosa Isela Jurado Contreras, en contra de la reforma constitucional que atañe al Poder Judicial, aprobada la semana pasada por el Congreso del Estado, por considerar que vulnera los derechos humanos de los mismos magistrados y fue admitido.
El expediente del amparo es el número 1266/2014 y como autoridad responsable señala al Congreso del Estado, al gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
También al secretario de gobierno, Raymundo Romero Maldonado; al presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), José Miguel Salcido Romero y a los 36 ayuntamientos que aprobaron la reforma en sus respectivas sesiones de Cabildo, entre los que se encuentra Juárez.
Los actos que reclama son que el Congreso del Estado aprobó el decreto 579/2014 de manera ilegal el 14 de octubre pasado, a través del que reformaron varios artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, referente al Poder Judicial.
Además impugna los artículos primero y segundo transitorios del decreto y reclama que el decreto 538/2014 aprobado el 16 de octubre pasado, también es ilegal y en éste se dio por cumplido el procedimiento establecido para la aprobación de reformas constitucionales estatal por la propia constitución local y se declararon aprobadas las adiciones y reformas a ésta, contenidas en el decreto 579/2014.
Considera que las reformas aprobadas en ese sentido, son anticonstitucionales.
Al gobernador César Duarte Jáquez, lo hace responsable por haber publicado los decretos, a los ayuntamientos por aprobarlos en sesiones de Cabildo y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia por cualquier acto tendente a impedir que la magistrada continúe en el ejercicio de sus funciones.
“…y que emita en cumplimiento de las reformas constitucionales que impugno en esta demanda de amparo, ya sea directo o indirecto… También reclamo la actitud omisiva que evitó que esta magistrada conociera la iniciativa de reforma constitucional y ejerciera la facultad en unión con el Pleno, para emitir opinión oportuna sobre tópicos que afectan el funcionamiento del Poder Judicial y finalmente quebrantan mi derecho humano a la dignidad y al ejercicio de la función jurisdicción bajo el cobijo de las garantías judiciales…”.