Patricia Mayorga
El Diario
Chihuahua– Familiares, amigos y barzonistas recordaron ayer el segundo aniversario del asesinato del matrimonio Solorio Solís y denunciaron que el caso continúa impune.
Reunidos en el ejido Benito Juárez, conmemoraron con una misa, un evento cultural y la visita al panteón del poblado.
La familia de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Martha Manuela Solís Contreras acusó que la Fiscalía General del Estado cuenta con toda la información para detener a los responsables, quienes aseguran, viven en el mismo ejido que ellos, Benito Juárez del municipio de Buenaventura.
El matrimonio fue asesinado el 22 de octubre de 2012 en la carretera de Álvaro Obregón a Cuauhtémoc, cuando se dirigían a la ciudad de Chihuahua.
Los integrantes de El Barzón y la misma familia, ha señalado que previo a los homicidios, recibieron amenazas de muerte debido a que lideraban la lucha en contra de los daños que dejó en la región la minera Mag Silver y su filial El Cascabel, así como la sobreexplotación de pozos irregulares, a cargo principalmente de algunos menonitas de la región.
Con impotencia, a dos años de la tragedia, la familia recrimina que no hay voluntad para hacer justicia por los dos defensores de derecho humanos, ya que sólo uno de los presuntos responsables cayó abatido por agentes ministeriales, cuando quiso huir al pedirle que se detuviera para revisar su vehículo.
La persona abatida era Juan Ismael Granillo Chavira “El Chorias”, quien fue asesinado el 20 de enero de 2013 en la comunidad El Sueco, localizada en el kilómetro 150 de la carretera de Juárez a Chihuahua.
Ayer, en el ejido Benito Juárez conmemoraron con testimonios la vida y el sentido de la muerte del matrimonio, mientras que la familia anunció que denunciarán al presidente municipal de Buenaventura, Pablo Ruiz Solís, porque en pasado informe de gobierno, presentó como invitados especiales a representantes de la minera, aun cuando por asamblea, decidieron expulsar a la compañía minera.
La familia de los Solorio Solís cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que han sido amenazados en diferentes ocasiones, puesto que su lucha contra la sobreexplotación de acuíferos y la minera.