Heriberto Barrientos Márquez
El Diario
Chihuahua– Al conmemorarse ayer un año de la tragedia ocurrida en la presa El Rejón, durante el festival “Extremo AeroShow 2013”, donde murieron nueve personas –cuatro niños y cinco adultos–, y casi un centenar resultaron lesionadas, la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo ha fincado cargos penales a seis personas por su probable responsabilidad en los hechos.
Se les acusa de homicidio, lesiones y daños a título imprudencial, así como ejercicio ilegal del servicio público.
Sin embargo, no se ha cumplido con la recomendación número 12/2014, emitida el pasado 31 de marzo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que resolvió que se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de todas las víctimas, a la protección a la vida de nueve personas y a la integridad y seguridad personal en perjuicio de decenas de chihuahuenses.
Asimismo, la CNDH recomendó a las distintas autoridades involucradas, entre ellas las estatales, a que se fincaran cargos contra el ex presidente municipal, Marco Adán Quezada, así como otros seis funcionarios.
Entre ellos, el ex secretario del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez; el extesorero municipal, Idelfonso Sepúlveda; y el anterior director de Desarrollo Empresarial y Turístico, Alfonso Prieto Prieto; el ex oficial mayor, Horacio Flores; y el ex regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Manuel Fuentecilla Noriega.
A la fecha no se han fincado cargos por la vía penal en contra de los citados exservidores públicos, sólo la FGE formuló imputación, atendiendo dicha recomendación, en contra del exsubdirector de Gobernación municipal, Javier Torres Cardona, quien fue vinculado a proceso el pasado 12 de septiembre por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
Al haber transcurrido 365 días de aquel sábado negro, en que la sociedad chihuahuense se vistió de luto con la muerte de quienes llevaban por nombre Paulina Santos Luna, de 6 años; Julia Sofía Tarango, de 7 años; Diego Tarango, de 10; José Ángel Renova, de 12; Héctor Renova Ortiz, de 40; Guadalupe Chávez Sáenz (adulto mayor), Lilia Acosta Armendáriz, de 45; Cristina Baca Gámez, de 47 y Bernardina Chávez Marioni, de 53 años, se mantienen abiertas dos carpetas de investigación por parte de la Fiscalía especializada creada ex profeso para atender la investigación del caso y que encabeza el fiscal Noel Orlando Jiménez Holguín.
La primera es el expediente número 15822/2013, compuesto por más de 10 mil hojas, con testimoniales de más de 100 personas, peritajes y croquis, así como distintos videos y fotografías del accidente ocurrido; por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños en donde fueron vinculadas a proceso judicial cinco personas, entre ellas el piloto de la troca monstruo Francisco Velázquez Samaniego, de 52 años, quien también cumple hoy un año de haber sido detenido como autor material del accidente y actualmente es el único imputado que está recluido en el Cereso Estatal número 1 de Aquiles Serdán.
Al cumplirse hoy un año de aquella tragedia, no ha iniciado aún el Juicio Oral en contra de los primeros cinco imputados, debido a que tanto la Fiscalía especializada como los abogados defensores de los coacusados, han solicitado en reiteradas ocasiones, la ampliación de plazo inicial de seis meses y 8 meses respectivamente, para el desarrollo de algunas otras diligencias y/o también con la falta de resolución de los amparos promovidos, se ha impedido la apertura y comienzo del juicio.
La segunda carpeta de investigación que se abrió el pasado 2 de mayo del presente año, derivado de estos hechos, es el expediente número 19-2014-10309 por los delitos de falsificación y alteración de documentos, paralelo al expediente 15822/2013.
Lo anterior luego de que se ventilara a la opinión pública múltiples declaraciones y documentos oficiales, como permisos y otras autorizaciones que presuntamente fueron elaborados extemporáneamente por ex funcionarios de la pasada administración; es decir, después del accidente, como medida para cubrir la falta de cuidado en la organización del mismo.
A cinco meses y tres días de que inició esta segunda investigación, el Ministerio Público no ha fincado aún responsabilidades, “pero sigue abierta”, afirmó hace dos semanas a El Diario, el fiscal de la zona Centro, Sergio Almaraz.