El Diario
2014-08-31
Chihuahua— Las familias de personas desaparecidas en el estado pidieron una audiencia con el gobernador César Duarte Jáquez, para que se reconozca públicamente el problema de la desaparición forzada e involuntaria, la creación de una fiscalía especializada para investigar efectivamente el delito, así como la intervención del equipo de antropólogas argentinas forenses para que analicen los restos encontrados en decenas de fosas en la entidad.
En el marco del Día de la Desaparición Forzada e Involuntaria, familias de Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua y en El Paso, Texas, suscribieron la petición, que además incluye a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial, al Legislativo, al Gobierno federal y al DIF estatal.
Al Congreso del Estado le piden que tipifiquen la desaparición forzada como delito, para que cumpla con los estándares internacionales de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las víctimas.
Asimismo, que se legisle de la manera adecuada en el tema de ausencia y presunción de muerte; que se garantice la participación de las víctimas en la homologación de la Ley General de Víctimas y que en audiencia, se consulte a las familias para que de primera mano escuchen las circunstancias y necesidades de éstas, y así pueda legislarse con conocimiento real y no desde un escritorio.
Al DIF estatal y a la Fiscalía de Atención a Víctimas, le solicitan que garantice que el Fideicomiso de Atención a Niños y Niñas Víctimas de Violencia (FANVI), en todos los casos incorpore a los menores que han quedado en el desamparo ante la ausencia del padre o la madre; que se realicen gestiones para que el fideicomiso proporcione medidas más allá del asistencialista que se otorgan actualmente, para que puedan rehacer su vida.
A la Fiscalía General del Estado, piden la implementación de un protocolo de búsqueda inmediata; la garantía de un trato digno a las familias; que se realicen pruebas de ADN a las familias que el Estado mexicano no pudo proteger y por lo tanto, tuvieron que solicitar apoyo político en Estados Unidos por la desaparición de un familiar.
Además, exigen que se les garantice el acceso a los expedientes y al seguimiento de los casos por parte de las familias que se encuentran en asilo político, a través de la Agregaduría Consular en El Paso, Texas.
Al Poder Judicial que a la luz de los derechos humanos acaten el Artículo Primero Constitucional para agilizar los procedimientos relacionados con desapariciones de personas en el ámbito civil o penal y que emita una directriz a los jueces para que las resoluciones judiciales que emitan, sea bajo los más altos estándares de derechos humanos y con perspectiva de género.
Al Gobierno federal, le piden la creación de un mecanismo de búsqueda trasnacional de personas desaparecidas, que incluya la búsqueda de personas migrantes, a partir de un registro transparente.
Además, un mecanismo de investigación de las personas responsables de las desapariciones de los años sesenta, setenta, ochenta y de la época actual, así como la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones.
Piden que “se acepte la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales conforme al Artículo 13 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y mecanismos efectivos que garanticen el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integran del daño a las víctimas y sus familias”.
Las organizaciones que firman son ocho de las ciudad de Chihuahua y Cuauhtémoc, así como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte de Juárez y Mexicanos en el Exilio (MexAndEx) de El Paso, Texas. (Patricia Mayorga)