J. Armendáriz/P. Mayorga
El Diario
Chihuahua— Las empresas de corte minero, turístico y demás, que busquen instalarse en terrenos de pueblos indígenas, deberán tener el aval de éstos últimos mediante una consulta que organice la autoridad, de lo contrario no podrán continuar. Este esquema será utilizado en Chihuahua sobre proyectos ya avanzados o hasta terminados, como es el aeropuerto de Creel.
El titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, del Gobierno Federal, Jaime Martínez Veloz, subrayó que así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basada en acuerdos firmados por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dijo que la constante generación y operación de esos proyectos sin el consentimiento de los indígenas es lo que ha generado tensión social y confrontación en zonas rurales. “Las empresas ven como un estorbo a los pueblos indígenas, en vez de verlos como socios”, añadió.
Informó que hasta el momento existen los mecanismos y jurisprudencia que permite hacer las consultas, tan es que han realizado algunas en comunidades de Oaxaca. Éstas deben ser proyectadas y aplicadas por la autoridad que otorgue el permiso solicitado por la empresa que busque el aval de alguna localidad indígena.
Después se realiza la consulta con apoyo de los habitantes de la zona en interés y posteriormente debe ser llevada a cabo. “Este tipo de consultas previas causan escozor por todos los intereses que hay. Esto lo veíamos como un asunto lejano, pero ya se logró obtener desde abril del año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación asentó un protocolo para asuntos indígenas, y quedó la consulta como ineludible”, subrayó.
Así lo puntualizó durante una rueda de prensa realizada ayer en el marco de una mesa de trabajo con comunidades indígenas para resolver problemas que hay en la Sierra Tarahumara.
Detalló que la consulta era ya obligatoria con la firma de acuerdos internacionales, pero la interpretación legal no permitía que se realizara. “La consulta entonces debe hacerse en lengua materna y tiene que hacerse cuando hay asuntos financieros, del cuidado de medio ambiente y de aspectos técnicos, en medio del proyecto planteado”, abundó.
Recientemente también se incluyó la modalidad de consulta en el artículo 120 de la recién promulgada Ley de Hidrocarburos, en tanto ya se trabaja en el Congreso de la Unión en una Ley de Consulta para ese tipo de asuntos en espacios indígenas.
La solución a los conflictos que sostienen las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara contra proyectos turísticos y económicos, sólo se podrá lograr si se mantienen visibilizados y se exige a las autoridades correspondientes, que se cumpla la ley, Martínez Veloz.
Ayer la realizaron en Chihuahua la segunda reunión de las comunidades indígenas de Urique, Bocoyna, Carichí y Guadalupe y Calvo, con autoridades y legisladores federales, con el fin de avanzar en la solución de la contaminación de agua por hoteles turísticos, la construcción del aeropuerto de Creel que afectó la vida cotidiana de una comunidad, defensa de territorios, entre otros.
Las comunidades representadas por sus autoridades tradicionales y voceros son de Colorada de la Virgen, Choréachi (Pino Gordo) y Mala Noche del municipio de Guadalupe y Calvo; Bacajipare, Huitosachi, y Mogótavo del municipio de Urique; Bosques de San Elías-Repechique del municipio de Bocoyna y Tewerichi del municipio de Carichí.
Macario Ramos Durán, primer gobernador de Choreáchi, les exigió una solución a los conflictos que tienen por la amenaza del despojo de tierras en su comunidad; Corpus Requejo Rascón, primer gobernador de Huitosachi de Urique, también pidió solución a la añeja problemática de contaminación del agua por hoteles turísticos en el proyecto turístico Barrancas del Cobre.
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