J. Armendáriz/P. Mayorga
El Diario
Chihuahua— Con el edificio legislativo blindado para contener las protestas, el Congreso del Estado aprobó ayer, por mayoría, los nuevos códigos de procedimientos en materia familiar y civil, que dan facilidades a bancos e Infonavit, entre otras instituciones, para desalojar a familias de sus viviendas.
Asimismo, se elimina la notificación personal como parte de ese proceso judicial, es decir, que una persona podría perder su casa luego de haber sido informada por correo electrónico o hasta con sus vecinos, aun y cuando no esté enterada, detallaron los diputados panistas Rogelio Loya Luna y Humberto Pérez Mendoza, ambos en contra de los dictámenes avalados, que también refieren que esos procesos durarían si mucho 40 días.
La discusión se realizó en medio de manifestaciones afuera del Congreso del Estado, que fue prácticamente sellado desde las 6:30 de la mañana por elementos de la Policía Estatal, quienes impidieron el acceso al público por la puerta principal del Legislativo.
Poco después de las 10 de la mañana, el cierre había sido total y tampoco hubo acceso por la puerta trasera.
En la manifestación participaron miembros de El Barzón, Red de Participación Ciudadana, el Cedehm y el Movimiento de Mujeres de Chihuahua, quienes señalaron fallas de toda índole en los nuevos códigos, desde redacción hasta violaciones “graves” a los derechos humanos.
Un grupo de alrededor de 150 personas intentó entrar a la sesión, pero los policías no se lo permitieron.
El diputado por Juárez Daniel Murguía Lardizábal se quedó afuera porque llegó a las 11:25 horas, cuando ya no le permitieron la entrada a nadie. El legislador se enfrentó con los manifestantes y les advirtió que entraría al recinto legislativo, pero los inconformes le indicaron que si entraba él, entrarían todos.
Enseguida se retiró escoltado y logró entrar hasta que sus compañeros votaron en el pleno los dos códigos.
Los manifestantes argumentaron que los foros que hicieron los legisladores fueron sólo una simulación ya que no tomaron en cuenta las propuestas que hicieron, mientras que toman los juicios orales como pretexto para hacer juicios ‘fast track’ que afectarán principalmente a las familias que tienen adeudo de su vivienda, principalmente por causas derivadas de la violencia o crisis económica.
Alejandra Nuño, experta en derecho internacional y asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), puntualizó que uno de los problemas en materia familiar es que no garantiza la prueba de paternidad y se dan muchas atribuciones al juzgador.
Señaló que de igual forma se deja a discrecional de jueces las medidas de protección para mujeres en casos de divorcios por maltrato físico y violencia, además que se permite la mediación en ese tipo de conflictos, cuando el propio Código Penal del estado impide esa herramienta jurídica cuando se involucra violencia contra las mujeres.
“Ni siquiera leyeron sus propias leyes”, criticó Nuño, quien dijo que les preocupa la falta de transversalidad en derechos humanos y género porque no tomaron en cuenta el artículo primero de la Constitución, en materia de derechos humanos en el país.
Apuntó que existen errores de coincidencia con leyes estatales y federales, no se corrige lo relacionado al conflicto de intereses de los jueces en cualquier juicio, tampoco se define lo referente a personas desaparecidas y su declaración de ausencia, que deja en vulnerabilidad a decenas de familias, así como una de las principales demandas: la facilidad para el desalojo de viviendas.
Señaló que el código de procedimientos familiar anterior indicaba que el juez garantizaría la prueba de paternidad y el aprobado dice que el juez proveerá, lo que debilita la acción.
Además, da facultades discrecionales a los jueces porque no hay reglas para tener cuidado con las pruebas como los confesionales, no hay suplencia de la queja para mujeres, pero sí contempla la conciliación que prohíbe la Ley General de Víctimas y el mismo Código Penal del Estado de Chihuahua, en materia de violencia familiar no se concilia.
En el pleno los legisladores avalaron los códigos civil y familiar por 23 votos a favor (15 del PRI, 4 PAN, 2 PVEM y 2 Panal), contra 7 en contra (3 PAN, 2 PRD, 1 MC y 1 PT).
Los diputados que votaron en contra la reforma fueron los panistas Ana Lilia Gómez Licón, Rogelio Loya Luna y Humberto Pérez Mendoza; los perredistas Hortensia Aragón Castillo y Javier Mendoza; Fernando Reyes Ramírez de Movimiento Ciudadano y América Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT).
Pérez Mendoza dijo que hay personas que por salud o por necesidad solicitan créditos y “al rato no hayan la puerta”, por lo que con las nuevas normas serían sujetos al desalojo de vivienda. “No veo por qué correr tanta prisa en este asunto”, expresó al aludir que era necesario más tiempo de análisis.
Consideró que hay casos que si contraen un préstamo o crédito deben pagarlo, pero indicó que también hay aquellos donde existen otras circunstancias que deben analizarse, sin necesariamente caer en un abuso contra ellos.
Su compañero de bancada Rogelio Loya condenó que se vea la vivienda como un artículo “fácil de quitar a las familias”. Coincidió en el problema que generará la nueva modalidad de citatorios por correo “o hasta por los vecinos, y si un vecino lo recibe ya te fregaste, por eso es que no estuvimos de acuerdo con el resto del grupo (del PAN)”, abundó.
De esa misma fracción panista la legisladora Ana Gómez Licón hizo mayor énfasis en violaciones a derechos humanos en esos casos de desalojo y el riesgo de que padres de familia en esa situación vayan a dedicarse a delinquir.
“¿Qué va a hacer un padre con tres hijos que lo desalojan y no tiene para darles de comer a sus hijos? Se va a enganchar en alguna cuestión delictiva”, aseveró.
Por su parte, Fernando Reyes, de Movimiento Ciudadano, fue contra los códigos por carecer de una claridad en materia de mediación, tanto para aspectos civiles como familiares. De igual forma consideró necesario haber tenido más análisis y criticó el haber avalado un “códigos de procedimientos” sin tener los códigos a los que se va a referir.
En este tenor coincidió la perredista Hortensia Aragón, quien junto a su compañero de bancada, Javier Mendoza, rechazó los nuevos ordenamientos. “Todo esto es un procedimiento viciado de origen. No vas a poner los bueyes detrás de la carreta”, ejemplificó.
En defensa de lo aprobado, el coordinador de la mayoría, el legislador del PRI Rodrigo de la Rosa Ramírez, rechazó varios de los señalamientos en contra de ambos códigos. Por ejemplo, citó, en caso de los desalojos simplemente se agilizan los juicios y permite a los deudores presentarse ante un juez para mediar su situación con el ente o institución crediticia correspondiente.
“Veo intereses no muy claros de estas organizaciones civiles que se manifiestan. Los códigos tienen 10 foros, lleva un año en ese proceso, hay permanente consulta, y casualmente dos o tres días previos a subirse al pleno se manifiestan”, precisó en entrevista.
En tanto los calificó como un grupo de presión con intereses poco claros, “con estas disposiciones para dar agilidad al tema de justicia Familiar y Civil, a lo mejor trastocamos negocios de ellos de índole particular o grupal”, indicó.
Lanzó un llamado a las familias a no tener preocupación alguna y aseguró que no están en riesgo de perder sus viviendas por contar con un crédito de cualquier índole.
Además recalcó que las disposiciones serán complementadas por el Poder Ejecutivo y Judicial, ya que los códigos entrarán en vigor 14 meses después de que sean publicados en el Periódico Oficial de la Federación.
En materia familiar, consideró que no debe caerse en excesos y explicó que en eso caen los grupos derechohumanistas feministas. “Hay que establecer qué se considera violencia intrafamiliar.
Todos los que estamos casados, en vida de pareja, hemos tenido altercados, desacuerdos, y podemos llegar al grito, al jaloneo, pero eso no quiere decir que a la violencia, propiamente dicha”, apuntó.
Mientras que para el diputado César Jáuregui Moreno, coordinador del PAN, era necesario agilizar los juicios de ambas materias (familiar y civil) y evitar procesos de 15, 19 o hasta más años, para poder tener sentencias en semanas.
“La discusión generada es porque piensan que el tener juicios más largos beneficia a los deudores a no pagar. Soy de la opinión de no vivir en un país donde dilatemos la justicia”, manifestó.
Apuntó que en lo más debatido públicamente, los desalojos, se deben establecer límites de cobranza.
Los códigos tienen un año para su aplicación, por lo que aún pueden dar lugar al debate que deberá darse, indicó. (J. Armendáriz/P. Mayorga/El Diario)
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