Martha Elba Figueroa
El Diario
Distrito Federal— Gobernadores tarahumaras y tepehuanes radicados en la Sierra de Chihuahua denunciaron ayer en el Distrito Federal despojos de tierras, violencia y contaminación a manos de caciques, empresarios, delincuentes y políticos.
En conferencia de prensa en el Senado de la República como parte de la “Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara”, advirtieron que “ni con 100 Cruzadas contra el Hambre” podrían resolverse los problemas que por décadas han afectado a las comunidades indígenas.
Por la defensa de los territorios, dijo Lorenzo Moreno Pajarito, primer gobernador de Bacajípare, Urique, han sido hostigados, amenazados y sufrido violencia llegando incluso al asesinato de integrantes de algunas comunidades.
“Durante más de 40 años hemos luchado por el reconocimiento de nuestro territorio y la protección de nuestros recursos naturales ante diversos tribunales con acciones jurídicas, administrativas y penales”, señaló.
En todos los juicios, dijo en su lengua natal para luego ser traducido al castellano, han presentado pruebas del despojo sufrido por parte de caciques, mestizos, madereros, empresarios y políticos.
“Todos y cada uno de ellos han sido protegidos por los gobiernos en turno, ya sea por complicidad u omisión. Como resultado sólo hemos tenido que los juicios se alarguen eternamente, en alguno hemos tenido sentencias negativas y cuando hemos ganado, las sentencias no han sido ejecutadas, como es el caso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de marzo de 2012 para la formación del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre”, denunció.
Además, acusó Moreno, el Gobierno del Estado ha iniciado una campaña en la que señalan que se oponen al desarrollo.
“Esto es una mentira, pues la extrema pobreza, las muertes de niños y mujeres, el que la mayoría de nuestra gente no sepa leer y escribir demuestra que la riqueza que se ha sacado de nuestros territorios durante siglos se la han llevado otros. Por ello creemos que ni con 100 Cruzadas contra el Hambre podrán mejorar con nuestra situación”, dijo.
Más de 40 gobernadores indígenas y líderes comunitarios de siete comunidades tarahumaras y una tepehuana de los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Urique, viajaron en caravana a la Ciudad de México para exigir que sean respetados sus derechos de consulta y de derecho a la tierra.
Los indígenas solicitaron la intermediación del senador por Chihuahua Javier Corral, y del Estado de México Alejandro Encinas, para tener un acercamiento con el Gobierno federal.
Anunciaron una mesa de diálogo interinstitucional para el próximo jueves entre diversas dependencias federales y los representantes indígenas.
Durante la conferencia, los legisladores del PAN y PRD hicieron un llamado a las secretarías de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Turismo (Sectur), así como a las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Nacional del Agua (Conagua), entre otras dependencias, a participar en la Mesa de Diálogo y a enviar representantes con capacidad de decisión.
Se reúnen con ministros
El lunes, los tarahumaras acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde sostuvieron una reunión con el magistrado presidente Juan Silva Meza, a quien le expusieron los problemas que están enfrentando con las autoridades estatales.
La caravana fue recibida además por el ministro de la segunda sala Luis María Aguilar Morales.
El presidente de la SCJN consideró que el derecho a la consulta a las comunidades indígenas es algo que definitivamente debe hacerse por parte de las autoridades.
Ahí, los tarahumaras exhibieron las afectaciones que han sufrido en sus comunidades tras la construcción del aeropuerto en Creel, como es el caso de Bosque de San Elías-Repechike.
Su representante Luis Pérez Enríquez señaló que se dañaron grandes extensiones de flora y fauna por la tala de pino, extracción de materiales, además de las áreas de pastoreo y de recolección de plantas medicinales y la clausura de dos manantiales para uso doméstico, con materiales removidos por la construcción de la aeropista.
El gobernador indígena de Bacajípare, Lorenzo Moreno Pajarito, refirió que los complejos hoteleros y turísticos en el Divisadero realizan descargas de aguas negras al fondo de la barranca, afectando el caudal de agua de tres manantiales que esta comunidad utilizaba para consumo doméstico, lo cual les ha causado problemas de salud como dermatitis y enfermedades gastrointestinales.
El ministro Aguilar Morales dijo que dichos asuntos serán tratados y analizados con seriedad y cuidado por los miembros de la segunda sala del SCJN.
Antes de partir, los tarahumaras danzaron un pascol con la música del tambor y el violín al interior de la Suprema Corte, para compartir su cultura y tradiciones, además como símbolo de resistencia. (Martha Elba Figueroa/Con información de El Diario de Chihuahua)