Orlando Chávez Echavarría
El Diario
Chihuahua— El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, dijo que será acatada la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a vincular a proceso a los funcionarios municipales de la pasada administración que estuvieron relacionados con las omisiones que derivaron en el accidente del AeroShow.
Manifestó que la van a cumplir a plenitud ya que se trata de un tema muy sensible. “Recordemos a las víctimas, fue un hecho lamentable”, apuntó el mandatario estatal.
La recomendación de la CNDH número 12/2014 explica que se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de todas las víctimas, a la protección a la vida de nueve personas y a la integridad y seguridad personal en perjuicio de 58 chihuahuenses, por hechos consistentes en omitir prestar el servicio público adecuadamente.
Los señalados son el ex presidente municipal, Marco Quezada; el ex subdirector de Gobernación, Javier Torres Cardona; el ex subdirector del H. Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Ávila; y el ex coordinador operativo de la Unidad de Protección Civil, José Domínguez.
También son señalados por la CNDH el ex secretario del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez; el ex tesorero municipal Idelfonso Sepúlveda; y el anterior director de Desarrollo Empresarial y Turístico, Alfonso Prieto Prieto.
Las violaciones que se les imputa ocurrieron el 5 de octubre de 2013, cuando a causa de un accidente ocurrido durante el desarrollo del espectáculo de exhibición de “trocas monstruo” murieron nueve personas y otras 58 resultaron heridas.
El percance se suscitó cuando el conductor de una camioneta perdió el control, por lo que el vehículo arrolló a varios espectadores. Duarte mencionó que su administración atiende las recomendaciones que le señala el organismo derechohumanista.
La más reciente fue la de ofrecer una disculpa a la familia de Marisela Escobedo, quien fue asesinada a las puertas de Palacio de Gobierno, por lo que la CNDH determinó que hubo una serie de omisiones del personal de la Fiscalía General del Estado.
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