Estado

Denuncian mineras de la Sierra acoso del narco

Patricia Mayorga Ordóñez
El Diario/Corresponsal

2013-11-30

Chihuahua— Las empresas mineras enclavadas en la Sierra Tarahumara, trabajan en constante amenaza de grupos delictivos. Entre extorsiones, desapariciones de empleados y ataques de grupos armados, operan de minas en aquella región, denuncian.
En el estado de Chihuahua, hasta el cierre del 2010, se registraban 3 mil 696 concesiones otorgadas y el mayor número se dio en ese año, con 617 permisos para compañías mineras para explorar o explotar terrenos mineros. Cabe señalar, que este año, fue el de mayor incidencia delictiva en la entidad.
El pasado 21 de noviembre, los ejidatarios de la comunidad de Huevachi, municipio de Ocampo, reclamaron a los directivos de la mina Concheño, de la compañía Frisco, que cumplieran con los acuerdos que establecieron con ellos, y diferentes inconformidades de trabajadores sindicalizados, pararon la mina durante unos días.
Grupos de hombres con armas de fuego y machetes, impidieron el ingreso a la mina, a todos los trabajadores e impidieron que un grupo de diez empleados aproximadamente, salieran.
El rumor de los hombres armados que amenazaban con agredir a quien quisiera ingresar a la mina, corrió al grado de que varios trabajadores originarios del estado de Sonora, regresaron a su tierra hasta el martes siguiente, cuando abrieron la mina porque llegaron a un acuerdo con la minera.

‘levantones’ en Urique

El 13 de septiembre del año pasado, un grupo de hombres armados atacó las minas “Cieneguilla” y “El Sauzal”, en el municipio de Urique.
En “El Sauzal” levantaron a dos proveedores, uno de Torreón y otro de Chihuahua. Ese municipio colinda con el estado de Sinaloa.
En un lapso de quince días, un comando armado amenazó directivos y trabajadores de la mina “El Sauzal”.
Aquel día, los hombres armados cerraron los caminos que dirigen a la mina y al poblado, montaron retenes para controlar la entrada y salida a aquella comunidad.
Los trabajadores fueron trasladados en avionetas de la compañía minera, a El Fuerte, Sinaloa y a San Juanito, del municipio de Boocoyna en Chihuahua.
El grupo armado ingresó también a la mina “Cieneguita” y privó de la libertad a siete empleados, según informó aquella ocasión el ex presidente seccional Manuel Valenzuela, quien solicitó la presencia del Ejército y corporaciones policiacas.
De El Sauzal son alrededor de 300 trabajadores, quienes fueron trasladados en grupos de ocho en una avioneta, y regresaron a trabajar luego de dos semanas, cuando se tranquilizó la situación. Los siete empleados secuestrados, aparecieron después de aproximadamente un mes, y desde entonces nadie dice nada, aseguran que la empresa negoció con los atacantes.
Arturo Perea Sáenz, contratista y consultor en minería, metalurgia y geología de la Asociación de Mineros de Chihuahua, confirmó la situación de riesgo de las minas y explicó que lo que buscó la empresa es no exponer a los empleados y funcionarios de la mina, por eso los sacaron.
Antes de aquel acontecimiento, el 7 de febrero de 2011, el velador de otra mina, Diabrass de México en Las Piedras, fue asesinado por hombres armados que previamente robaron con violencia una pick up e intentaron llevarse la maquinaria de la empresa.
La víctima era Higinio Márquez Gil, de 59 años.

Sin rastro

A principios de febrero de este año, un grupo armado asesinó a dos guardias de seguridad de la mina Diabrass de México, en Urique. La orden de los hombres que atacaron, fue que nadie podía subir a la mina porque los matarían. Fue la primera advertencia.
El 9 de febrero, cinco trabajadores de dos de los campamentos que trabajaba para la mina, fueron “levantados” en el pueblo de Tubasres, cuando salieron a pasear en un día de descanso.
Se los llevaron cuando compraban cervezas y estaban acompañados de una mujer, aseguraron los testigos.
Entre los desaparecidos, de uno de los campamentos que pertenecía al proveedor Abraham Mendoza, eran Benjamín Reyes Palomares de 27 años, David Fuentes González de 37 y Mauro Antonio Orduño Muela, de 51 y de la otra eran dos, sólo Arturo De Jesús, de 27 años y otro empleado de unos 22 años que le llamaban “Chino”.
Ese día, amenazaron a las compañías proveedoras, los empleados se fueron a sus casas una semana y regresaron a trabajar.

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