El Diario de Juárez
2018-02-27Especialistas en la defensa de los derechos de las mujeres reprobaron la decisión de la Secretaría de Cultura del Estado de México de cerrar el caso de la denuncia pública de la violinista Silvia Crastan en contra del director de orquesta Enrique Bátiz, a quien acusó de violación, de acuerdo a Reforma.
Académicas, abogadas y políticas condenaron, también, que se haya decidido nombrar al músico como director emérito de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), a una semana de que se haya revelado el escándalo sexual, y sin haberse esclarecido por completo lo reclamado por Crastan.
"Desde nuestro punto de vista, es una mala decisión que violenta los derechos humanos de las mujeres, que envía una pésima señal a la ciudadanía y que, además, (legitima que) se pueda ser violador, acosador y agresor y aun así recibir premios en este País como si nada pasara", condena Martha Lucía Micher, exlegisladora perredista y exdirectora del Inmujeres de la Ciudad de México.
"Yo considero que fue muy precipitada la decisión", lamenta Alicia María Ocampo, académica especialista en Políticas Públicas con Enfoque de Género.
"Si hay un ruido tan fuerte con la situación de esta persona, ¿por qué no tuvieron un poco más de prudencia para tener información más certera? Eso me parece poco sensible por parte de la Secretaría, como mínimo, pero también me parece incluso ilícito que hagan este tipo de actos", abundó.
El pasado miércoles, la titular de la dependencia estatal, Marcela González Salas, negó que el nombramiento de Bátiz haya estado en algún momento a revisión, aunque así lo había declarado anteriormente, y dio su respaldo total al director.
Una semana antes, en entrevista, la funcionaria había dicho tener una postura de "solidaridad absoluta con el género", pero pidió que Crastan emprendiera la vía judicial para probar sus dichos.
"Me parece una ridiculez, primero, que prescriban los delitos, y luego que pidan estos documentos cuando saben perfectamente que, si la víctima no denunció, no va a tener fácil manera de demostrarlo", declara Micher.
"No son una instancia de carácter judicial para decir: 'Si no me das una demanda, yo sigo (con el nombramiento)´", secunda Ocampo. "Si consideran que, como no hay pruebas, o lo que sea, que no hay una demanda o una denuncia directamente, me parece que se tienen que considerar también elementos éticos".
Según las especialistas, a partir de la denuncia de Crastan se han enterado de más casos de mujeres que padecieron hostigamiento sexual de Bátiz, y que, por temor a represalias o revictimización, no han dado públicamente su testimonio.
"Varias hemos visibilizado la existencia de más víctimas de Bátiz en este tema del hostigamiento, porque evidentemente se aprovechaba de su condición para forzar a las mujeres a esta situación, a las mujeres de las que fueron víctimas de estos actos", dice Ocampo.
"Cuando a una persona se le acusa de que pudo haber ejercido violencia sexual contra mujeres que estaban alrededor de él, casi siempre denota una misma forma de actuar", añade la senadora perredista Angélica de la Peña, también firmante de la carta.
"En este tipo de casos, cuando hay relaciones de poder, dejan muchas situaciones ocultas e invisibles", agrega.
La carta de las defensoras de los derechos de las mujeres, vuelta una petición en el portal en línea Change.org, ha recabado alrededor de 2 mil firmas que piden que no haya impunidad en el caso.
El jueves, la diputada perredista Hortensia Aragón pidió desde la tribuna del Congreso que el gobierno del Estado de México inicie una investigación en contra de Bátiz. La aspirante presidencial independiente Margarita Zavala también exigió en su momento lo mismo en su cuenta de Twitter.
Con su emeritazgo, Enrique Bátiz retendría todas las prestaciones y el sueldo que tenía como director de la OSEM, de 99 mil 244 pesos brutos, 67 mil 944 pesos netos.